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NURIA VEGA
Lunes, 5 de diciembre 2016, 00:51
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Nadie en el PP alzará la voz contra el pacto sellado con Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy. Pero en materia de corrupción, los populares tienen sus dudas sobre las exigencias que plantea la formación de Albert Rivera. El tiempo y el silencio calculado desde la dirección del partido han contribuido a calmar las aguas tras el fallecimiento de Rita Barberá. Pero el 'caso Auditorio' en Murcia, que podría poner contra las cuerda al presidente de la región, amenaza con avivar el debate sobre el momento en el que un imputado debe dimitir de sus responsabilidades.
El vicesecretario general de Ciudadanos ha advertido a los populares de que «si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia decide llamar a Pedro Antonio Sánchez como imputado por corrupción política», su formación reclamará que abandone el cargo hasta que se resuelva la investigación. Pero el ministro de Justicia, que siempre defendió actuar con cautela respecto a la exalcaldesa valenciana, sostiene que la decisión de retirar a alguien de la vida política sólo debería producirse con la apertura de juicio oral. «Anticipar ese momento, en mi opinión, es excesivo y prematuro», apuntó Rafael Catalá en Informe Semanal de TVE.
Esta es, en realidad, la posición oficial que siempre mantuvo el PP en materia de corrupción hasta que Rajoy necesitó los votos de Ciudadanos para ser investido presidente. En los estatutos que el XVII Congreso Nacional del partido aprobó en Sevilla en febrero de 2012 se contempla un proceso sancionador en el que se tramita el expediente disciplinario una vez el juez señala la apertura de juicio. Sin embargo, el equipo de Rivera entiende que tras el pacto sellado en agosto, los populares tendrían que actuar con firmeza mucho antes. En concreto, en el mismo momento en el que un político es citado a declarar como imputado por un tribunal.
Imputación formal
Lo cierto es que la textualidad del acuerdo es, de manera consciente, bastante más ambigua y a eso se aferra el PP. En el punto 93 del documento los dos partidos «se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial». En el «formalmente», una fase del proceso sin definir, encuentra el PP la grieta para no hacer «tabla rasa» con todos los casos.
Respecto a Sánchez, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pide que se le investigue por los presuntos delitos de fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por las obras del Teatro Auditorio cuando era alcalde de la localidad murciana de Puerto Lumbreras. Pero en la cúpula del partido reclaman proceder con prudencia y distinguir si se trata de corrupción con enriquecimiento personal o de una cuestión administrativa. Y eso, entienden, debería ser analizado, llegado el caso, en el seno del pacto con Ciudadanos.
Lo que sí avanza el responsable de Justicia es la intención del Gobierno de impulsar reformas para reducir los plazos de la investigación penal y combatir la lentitud en procedimientos que generan tanta alarma social.
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