La Rioja

El Gobierno rehúsa presentar su propio proyecto de reforma constitucional

Rajoy y Sáenz de Santamaría recogen sus papeles tras la sesión de control al Gobierno de ayer en el Congreso. :: jaime García
Rajoy y Sáenz de Santamaría recogen sus papeles tras la sesión de control al Gobierno de ayer en el Congreso. :: jaime García
  • La vicepresidenta rechaza las presiones de PSOE y Podemos y deja en manos de la oposición promover el debate

No será el Gobierno de Mariano Rajoy el promotor de una reforma constitucional que el PP ni tan siquiera incluía en su programa electoral. Menos aún con el principal partido de la oposición en pleno proceso de reconstrucción interna. En la Moncloa se muestran reticentes a favorecer una modificación de la Carta Magna, que una vez planteada puede remover los cimientos del sacrosanto texto legal, sin garantías de hacia dónde se camina. Es por eso que Soraya Sáenz de Santamaría dejó ayer en manos del resto de grupos parlamentarios impulsar el debate, si lo estiman oportuno.

En su primer cruce parlamentario con el número dos de Podemos, la vicepresidenta instó a Íñigo Errejón a elaborar su propia propuesta, en lugar de conminar al Gobierno a dar el primer paso. «La Constitución se ha reformado dos veces y las dos por iniciativa legislativa de esta Cámara (.); puede también usted hacer algo y dejar sólo de preguntar al Gobierno», espetó desde la bancada azul.

Las pretensiones de Podemos van más allá del espíritu de la Carta Magna que el Ejecutivo pretende preservar. Errejón censura, de hecho, que el próximo 6 de diciembre, en el aniversario de la aprobación del texto, los partidos constitucionalistas vayan a calzarse el traje «para hablar de cosas de hace 40 años» con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, «citando» a su referente, Adolfo Suárez.

Pero la defensa del derecho de autodeterminación que el partido de Pablo Iglesias incluyó en sus campañas electorales trastocaría, recuerda Sáenz de Santamaría, «la esencia de la nación misma» y, por lo tanto, uno de los pilares del texto actual.

Aun así, con la tranquilidad de quien cuenta con una mayoría absoluta que le permite el bloqueo en el Senado, el PP no teme lo que esté por venir. Los populares anticipan que la Constitución sólo podrá ser actualizada si cuenta con el mismo consenso de 1978. Es el planteamiento que enarboló este miércoles la vicepresidenta en el Congreso cuando desacreditó a Podemos por sus desavenencias internas y sostuvo que los cambios constitucionales son «trabajo de algo más que de minorías ruidosas». «El éxito de la Constitución de 1978 fue que, siendo un producto de todos, servía para dar cobijo a todos -recordó también al PSOE-, y eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que se llama concordia».

Es la tesis de Rajoy, que en el verano de 2015, se mostró favorable a abordar la puesta al día de la Carta Magna, pero con condiciones. «En la próxima legislatura no me niego a hablar de la Constitución, siempre que haya el máximo consenso posible», anticipó. Para entonces, en su partido y en el Gobierno habían surgido voces, como la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, partidarias de revisar el apartado territorial para precisar qué competencias le corresponden al Estado y cuáles a las comunidades autónomas.

Pronto el debate, sin embargo, decayó y no fue incluido en el programa para los comicios del 20 de diciembre de ese mismo año. El único miembro del Ejecutivo que sostuvo entonces la conveniencia de avanzar en la actualización fue el titular de Asuntos Exteriores. José Manuel García-Margallo no ocultó que guardaba en su cajón una reforma para buscar un mejor encaje a Cataluña en el Estado. Finalmente, tras relevarle en el Gobierno, Rajoy optó por no poner a su exministro al frente de la Comisión Constitucional, que ahora encabeza el expresidente del Congreso, Jesús Posada.

Solución para Cataluña

La reforma constitucional es también la herramienta que defiende el PSOE para rebajar las tensiones con Cataluña. La diputada socialista, Meritxell Batet, ofreció ayer al Ejecutivo la propuesta de su partido, encaminada a profundizar en los aspectos federales del modelo autonómico. Pero tampoco recogió Sáenz de Santamaría ese guante, para decepción de los socialistas que echan en falta en el Ejecutivo propuestas de calado como podría ser la «renovación del pacto de convivencia de 1978».

«El Gobierno -contestó la vicepresidenta- trabajará por abrir y ensanchar cauces de diálogo (con la Generalitat)». El principal reto político de la vicepresidenta en esta legislatura es precisamente encauzar el conflicto con Cataluña y, con ese objetivo, la número dos de Rajoy tiende la mano al PSOE para «trabajar juntos» en la búsqueda de una respuesta al debate catalán dentro «de la legalidad». Pero para retocar la Carta Magna incide en que primero sería necesario el acuerdo en el diagnóstico del problema.