La Rioja

La oposición comienza el derribo de la 'ley mordaza'

Juan Ignacio Zoido tiene en la 'ley mordaza' su primera prueba de fuego. :: j. c. hidalgo / efe
Juan Ignacio Zoido tiene en la 'ley mordaza' su primera prueba de fuego. :: j. c. hidalgo / efe
  • El Congreso aprueba, con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, instar al Gobierno que derogue la polémica normativa

Madrid. La controvertida 'ley mordaza' aprobada con los únicos votos del PP y que entró en vigor en julio de 2015 podría tener sus días contados. El pleno del Congreso aprobó ayer una moción promovida por el PSOE en la que se insta al Gobierno a derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, convertida, junto a la Lomce, en la principal bestia negra de la oposición en esta legislatura.

El acuerdo en la Cámara baja, que unió a todos los grupos de oposición, aunque con críticas por el «batiburrillo» de iniciativas, es solo un aviso para navegantes, ya que no es vinculante para el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero el Gobierno ya es consciente de que se trata solo del primer toque de atención porque que si se niega a tocar una coma del texto la oposición en bloque podría reformarla de arriba abajo en cuestión de meses haciendo valer su mayoría en el Congreso de los Diputados.

La moción, que es consecuencia de la interpelación de la pasada semana del diputado socialista Antonio Trevín, forzará al nuevo titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, a mover ficha y decidir si se enroca en la defensa de la ley promovida por su antecesor, Jorge Fernández Díaz, o se aviene a pactar una reforma del texto. Esta segunda opción, la de importantes cambios en la ley ya existentes frente a su derogación completa, es la que parece más factible, aunque los contactos entre el Ejecutivo y la oposición no han comenzado. «Voy a dialogar hasta la extenuación», prometió la semana pasada Zoido, quien aseguró tener «la mano tendida para llegar a acuerdos que sean buenos para todos» para, acto seguido, sin embargo, defender a capa y espada la 'ley mordaza' insistiendo en que no recorta derechos.

«Objetivo prioritario»

Sea como fuere, el nuevo equipo del Ministerio del Interior es muy consciente de que el derribo de esta ley es un «objetivo prioritario» de todos los grupos de la cámara, excepto el PP. Los socialistas, que recurrieron ante el Constitucional el texto, y Podemos ya dejaron entrever ayer que solo habrá un acuerdo con el Gobierno si éste desmonta los principales ejes de la reforma de Fernández que, según la oposición, vulnera hasta una docena de preceptos constitucionales, entre ellos los derechos a la dignidad e intimidad de las personas, a la información, a la tutela judicial efectiva, así como los de reunión y de manifestación.

O sea, si el PP y el Gobierno no quieren quedarse solos deberán avenirse a hacer desaparecer las multas de hasta 600.000 euros por promover o participar en protestas no autorizadas, escalar edificios como forma de reivindicación o fotografiar policías. Todo ello, amén, de anular el precepto incluido a última hora por la anterior mayoría del PP que legalizaba las expulsiones 'en caliente' de los inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla.

El socialista Trevín instó ayer al Gobierno a «devolver las libertades que hurtó a todos los españoles» con la entrada en vigor de la ley. «Una sociedad segura no tiene que ser una sociedad silenciosa ni sumisa. El anterior ministro quería acabar con cualquier forma de protesta», denunció el promotor de la iniciativa, antes de invitar a los populares a «trabajar juntos para quitar la mordaza a todos los españoles». «Cambien las mordazas, las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos», apuntó el portavoz del PSOE.