La Rioja

El Ejecutivo veta también el debate de una propuesta para subir las pensiones

  • El Congreso suma ya una quincena de intentos de paralizar iniciativas de la oposición contra la obra legislativa del PP

Madrid. No siempre le funciona, pero el Gobierno demostró ayer que no se cansará de recurrir a su excepcional capacidad de veto de las iniciativas parlamentarias para tratar de evitar que la oposición le doble el brazo en el Congreso. En esta ocasión, y ya va una quincena, le ha tocado a la proposición presentada por el PSOE, pero firmada también por el resto de la cámara con excepción del PP y Ciudadanos, para que las pensiones crezcan un 1,2% de media en 2017.

La Constitución señala que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios debe contar, para su tramitación en las Cortes, con la conformidad del Gobierno. Y a ese precepto se agarra el Ejecutivo de Mariano Rajoy para pedir la paralización de la citada iniciativa. Sostiene que el coste de la propuesta para las arcas públicas sería más de 1.150 millones de euros y que el texto no señala las fuentes de financiación para lograrlos.

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, replicó que dado que el eventual incremento del gasto no modificaría las cuentas en vigor el veto carece de fundamento legal. Y acusó al Ejecutivo de filibusterismo. En la misma línea argumentó el portavoz de Podemos, Iñigo Errejón: «Tenemos un Gobierno débil con dos alternativas o acepta que tiene que intentar negociar o se atrinchera en el recurso al Tribunal Constitucional».

Hasta ahora, la Mesa de la Cámara baja ha levantado tres de los vetos planteados por el Ejecutivo: el que interpuso frente a la iniciativa del PSOE para paralizar la Lomce, el que pretendía frenar la propuesta de la mejora de las condiciones de los trabajadores de empresas subcontratadas y la que quiso impedir la toma en consideración de la proposición de Podemos sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Pero el portavoz del Consejo de Ministros, Íñigo Méndez de Vigo, dejó claro que no dan por perdido el pulso.

El pasado viernes, el Gobierno ya solicitó a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión sobre los casos anteriormente mencionados, pero ésta decidió ayer dejar el asunto para más adelante. Si se mantiene la tramitación, el Ejecutivo recurrirá ante el máximo intérprete de la Carta Magna.

No es el primer conflicto de competencias que se plantea entre el Ejecutivo y el Legislativo desde que los populares perdieron la mayoría absoluta. Y ésta amenaza con ser la tónica de la legislatura.