La Rioja

Granados seguirá preso por su «elevadísimo» patrimonio oculto en Suiza

  • La sala justifica que el ex secretario general del PP madrileño podría amenazar a «policías, familiares o amigos que no sigan sus directrices»

madrid. Francisco Granados cumplirá sus terceras navidades en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), que él mismo inauguró en julio de 2008 cuando era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el pasado jueves el recurso de apelación presentado por su abogado contra la decisión del juez instructor del 'caso Púnica', Eloy Velasco, de prorrogar su estancia en prisión preventiva al cumplirse dos años de la misma, tal y como establece la ley.

El tribunal de la Sección Cuarta, presidido por la magistrada Ángela Murillo, argumentó que el riesgo de huida y de destrucción de pruebas de Granados sigue vigente, habida cuenta de los datos que ha ido aportando la investigación.

Destaca, en primer lugar, que el acusado tiene un «elavídisimo» patrimonio oculto en Suiza, según la documentación remitida al juzgado por las autoridades helvéticas. Asimismo, la sala rechaza el argumento de la defensa de Granados sobre que el dinero procede del sueldo que cobraba cuando era analista de Société General, antes de entrar en política.

Del mismo modo, la sala recuerda el hallazgo de un maletín con un millón de euros en la casa de los suegros del ex secretario general del PP madrileño, y las dos versiones del mismo hecho que dio Granados en el juzgado.

Por último, añade la existencia de «datos elocuentes sobre presiones, amenazas y afán de tergiversar para entorpecer o manipular las manifiestaciones de otros investigados, de la policía, funcionarios, familia, amigos, testigos y de todo aquel no siguiera sus directrices».

En su momento, el juez Velasco acordó prorrogar la prisión de Granados porque no ha colaborado con la Justicia, pese a los ofrecimientos, y el «apoyo ideologizado» por parte de determinadas personas que incluso han destruido pruebas, en referencia a documentos quemados o triturados en el Ayuntamiento de Valdemoro, donde Granados fue alcalde y epicentro de la 'trama Púnica'.

Dicho caso investiga una «gigantesca red de tráfico de influencias» que afecta a administraciones locales, provinciales y autonómicas de la Comunidad de Madrid, sobre todo, la Comunidad Valenciana, Murcia o la provincia de León. Hay más de un centenar de investigados.