La Rioja

Rajoy recurre al Constitucional para revertir las derrotas del PP en el Congreso

Mariano Rajoy conversa con Soraya Sáenz de Santamaría durante el debate de investidura del líder del PP en octubre. :: JAVIER LIZÓN / EFE
Mariano Rajoy conversa con Soraya Sáenz de Santamaría durante el debate de investidura del líder del PP en octubre. :: JAVIER LIZÓN / EFE
  • Planteará un conflicto de competencias ante la decisión del Congreso, con los votos de la oposición, de congelar la Lomce

Mariano Rajoy ya lo advirtió en el debate de investidura, no iba a asistir de brazos cruzados a la demolición de la obra legislativa del PP entre 2011 y 2015. El Gobierno planteará conflictos de competencias en el Tribunal Constitucional contra el Congreso en aquellas normas aprobadas que supongan desajustes presupuestarios.

El jefe del Ejecutivo quiere la disposición constitucional que le permite vetar iniciativas legislativas que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos no sea papel mojado. Considera, consultada la Abogacía del Estado, que su veto no puede ser levantado por la Mesa del Congreso. Es lo que ha ocurrido esta semana con la congelación de la Lomce, ante la que toda la oposición se unió para admitir a trámite la proposición de ley que paralizará el calendario de aplicación de la ley educativa. El Gobierno vetó antes del debate la iniciativa presentada por el PSOE, pero la Mesa lo levantó, el pleno la discutió y aprobó el martes su admisión con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra, PNV y Grupo Mixto. Los 137 diputados del PP votaron en contra.

El Ejecutivo defendió su veto porque la parálisis de la ley implica, según detalló el ministro de Educación, la pérdida de 615 millones de euros de ayudas comunitarias destinadas a su desarrollo. Pero el voto en la Mesa del Congreso de PSOE, Podemos y Ciudadanos a favor de ignorar la resolución gubernamental dejó en minoría a los populares y el camino libre al archivo cuando acabe todo el procedimiento parlamentario de la también llamada 'ley Wert', aprobada en 2013 con los votos de la mayoría absoluta del PP.

El Gobierno reaccionó este viernes con un requerimiento a la Mesa del Congreso para que reconsidere el levantamiento de su veto, una petición que es muy probable que sea ignorada por la misma mayoría que rechazó en primera instancia la negativa gubernamental. Entonces se habrán dado los pasos para que el Ejecutivo presente al Constitucional un conflicto de atribuciones o de competencias con el Legislativo.

El Gobierno niega que se trate de «filibusterismo parlamentario», como aduce la oposición. «Este es un debate constitucional», replicó Íñigo Méndez de Vigo. Existe, prosiguió el ministro y portavoz, una controversia jurídica entre la mayoría de la Mesa del Congreso, que interpreta que está capacitada para levantar un veto del Gobierno a una iniciativa legislativa, y el Ejecutivo, que considera que no es así. Ante esta disyuntiva, se requiere el arbitraje del Constitucional. «El Gobierno no quiere imponer sus tesis», aseguró Méndez de Vigo.

Limitar al Congreso

No lo ve así la oposición, que opina que Rajoy trata de limitar la capacidad legislativa del Congreso porque el PP no tiene la mayoría. Solo si los populares están de acuerdo, o se alcanza un pacto con ellos, podrían salir adelante las proposiciones de ley, se quejan los diputados socialistas y también los de Ciudadanos y Podemos.

Lo cierto es que el Gobierno recurre a un instrumento poco usual para sortear su minoría en la Cámara. La Constitución establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación», y a él se aferra Rajoy. Es el paso previo a la utilización de otra herramienta legal también muy poco empleada, el conflicto de atribuciones.

Solo se ha recurrido a ella en dos ocasiones. Se planteó en la legislatura pasada por parte del Congreso ante la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario con el argumento de que estaba en funciones. Con anterioridad la empleó el Ejecutivo de Felipe González en 1995 cuando el Senado, entonces con mayoría del PP, se negó a tramitar la ley del aborto por la vía de urgencia como había solicitado el Consejo de Ministros. Nunca se utilizó para contrarrestar una derrota parlamentaria del Gobierno.

Las fuerzas de la oposición temen que si Rajoy aplica esta estrategia con la Lomce, lo haga también cuando el Congreso debata, y probablemente apruebe, derogaciones totales o parciales de otras leyes aprobadas por la mayoría absoluta del PP, como la reforma laboral, la de enjuiciamiento criminal o la de seguridad ciudadana. Abona además esta presunción el hecho de que el Constitucional tenga una mayoría conservadora con siete magistrados designados a propuestas del PP por cuatro de tendencia progresista, y aunque antes de que acabe este año se debe renovar a cuatro de ellos, el turno corresponde al Senado, en el que los populares tienen una amplia mayoría absoluta que se reflejara en los nombramientos.