La amnistía fiscal, primer examen para el pacto entre PP y Ciudadanos

«No vamos a ponernos la venda antes de la herida», insisten desde la formación naranja, «convencidos» de que Rajoy cumplirá lo firmado en el acuerdo de investidura sellado entre ambos partidos en agosto y que incluía una previsión de ingresos por esa medida que ascendía a 1.000 millones de euros. «Sería impensable que no lo cumpliera», advirtió este viernes Rivera.

La formación liberal quiere recuperar los 2.800 millones de euros que calculan el ministro «perdonó ilegalmente» a los grandes defraudadores en la controvertida amnistía fiscal de 2012, que el PP prefiere llamar «regularización», en la que afloraron 40.000 millones de patrimonio no registrado por el fisco español. La tasa inicial del 10% para su regularización quedó finalmente en el 3%, de manera que en lugar de recaudar 4.000 millones, la cifra se quedó en 1.193 millones. La justificación que se dio para ese perdón de siete puntos porcentuales de gravamen sobre su fortuna a algunos defraudadores fue la escasa aceptación que tuvo la amnistía en un primer momento.

Según los datos difundidos en enero de 2013 por el Gobierno, el fisco logró 'convencer' a 29.065 personas y 618 empresas para que pagasen aquel peaje a cambio de limpiar su historial de potenciales delitos fiscales. Por esa alfombra roja al dinero evadido desfilaron el exvicepresidente Rodrigo Rato, el exsocio de Iñaki Urdangarin y compañero de banquillo en el 'caso Nóos', Diego Torres, o los hermanos Oleguer y Josep Pujol, entre otros.

Para el equipo económico de Ciudadanos recuperar para las arcas públicas los 2.800 millones condonados, el Gobierno estima que la suma recuperable es de 1.000 millones, es clave porque supondría «casi la mitad de lo que nos pide Bruselas» y podría evitarse una subida de impuestos para ajustyar el déficit a las exigencias europeas. «¿Tiene sentido que le pidamos a los españoles un esfuerzo mientras otros no lo cumplen?», se preguntó Rivera.

¿Inconstitucional?

Sin embargo, dar marcha atrás y cobrar la diferencia a los defraudadores no parece tan sencillo para los asesores fiscales, que advierten de que cualquier revisión de la declaración tributaria especial, como se bautizó a la amnistía fiscal, sería «técnicamente imposible» y además «inconstitucional» por la inseguridad jurídica que provocaría. Según defiende su presidente, José Ignacio Alemany, la fecha del 30 de noviembre es «irrelevante» y derivaría en multitud de recursos. Un argumento que mantienen desde diversos despachos fiscales que apuntan además a que tales reclamaciones eternizarían el proceso e incluso podrían hacerlo gravoso para la Administración.

Para los técnicos de Hacienda, «cambiar las condiciones cuatro años después desde el punto de vista jurídico parece complicado», sostiene Carlos Cruzado, presidente de Gestha, que recuerda al partido de Rivera que los ejercicios a los que se refería la regularización extraordinaria, 2008, 2009 y 2010, ya están prescritos desde junio de 2015.

Pero en el partido liberan no dan la batalla por perdida y siguen confiando en que el Ejecutivo se ponga las 'pilas' en este asunto y paralice la prescripción. Aun así, recuerdan que cuentan con «mecanismos para presionar el cumplimiento de los acuerdos». El primero será la interpelación a Montoro para que explique este miércoles en el Congreso lo que va a hacer para recuperar el dinero. De la interpelación derivará una moción que probablemente se votará en el pleno del Congreso el 29, un día antes de que expire legamente el plazo para reclamar.