La Rioja

El Tribunal Superior de Cataluña mantiene la imputación de Forcadell

  • Los jueces rechazan su recurso porque se la investiga por desobedecer a la corte de garantías, no por ningún debate de ideas

El proceso penal contra Carme Forcadell continúa su curso. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió ayer seguir adelante con la querella por desobedencia contra la presidenta de la Cámara catalana. Lo hizo después de rechazar el recurso que la dirigente independentista presentó contra su imputación.

La líder secesionista está investigada por un delito de desobediencia al permitir el pasado julio la votación y aprobación de las conclusiones que había elaborado la comisión del proceso constituyente y que abrían la puerta a emprender la vía unilateral para alcanzar la independencia. Una actuación que, según argumentaron los magistrados del tribunal en su auto entra en «aparente contradicción» con una sentencia del Constitucional y con un auto del propio alto tribunal.

En su recurso, Forcadell alegó que no se puede prohibir el debate parlamentario porque «ni existe ni puede existir un debate de ideas ilegal». Forcadell, como Mas con el 9-N, basa su defensa apelando a la libertad de expresión.

En cambio, los jueces del alto tribunal catalán rechazaron de pleno los argumentos esgrimidos por los letrados de la expresidenta de la ANC y afirmaron que la investigación iniciada no tiene nada que ver con un delito relacionado con la «expresión pública de pensamientos o ideas». «El proceso penal se inicia -mantienen los magistrados- por una apariencia de delito de desobediencia al mandato del Tribunal Constitucional, que constituye una de las piezas básicas en la arquitectura del Estado de derecho».

A pesar del auto judicial, la presidenta de la Cámara insistió en que «no existe norma penal que prohíba el debate parlamentario», y advirtió de que defenderá su actuación allá donde haga falta en defensa de la «libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y diputadas». La decisión del tribunal mantiene su imputación e implica, según Forcadell, que por primera vez se somete por la vía penal «el debate de las ideas», un hecho «sin precedentes».

Tanto Forcadell como Mas hacen apología política de la desobediencia, pero en su defensa judicial la niegan. Ambos tratan de aprovechar sus causas judiciales para presentar a España como un estado antidemocrático, donde se persigue a la gente por sus ideas políticas. Un planteamiento que persigue mantener la movilización soberanista en la calle, sobre todo si llegan las condenas, y para tratar de aumentar la base social del independentismo.

Primeras diligencias

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó hace un mes una denuncia en la que acusó a la presidenta de la Cámara autonómica de «actuar con total desprecio a la Constitución de 1978», de «dinamitar el modelo territorial del Estado» y de impulsar por la vía de los «hechos consumados» su proyecto independentista.

El caso Forcadell, que de ser condenada sería inhabilitada, pena que ya ha insinuado que no acatará, ha superado los trámites iniciales. En este sentido, la jueza que instruye la causa, Maria Eugènia Alegret, dictó otro auto por el que solicita como primeras diligencias a la Cámara catalana la documentación sobre las votaciones. Alegret no ha puesto fecha para la declaración de Forcadell.

El otro caso judicial que implica a dirigentes soberanistas, el de la consulta del 9-N, ya está listo para que el juez fije la fecha del juicio. La Sala Civil y Penal del Superior de Cataluña rechazó el recurso presentado por la acusación popular de barios sindicatos policiales y descartó que el expresidente Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau cometieran el delito de malversación en su participación en la consulta del 9-N.

Los tres exmiembros del Gobierno catalán, por tanto, serán juzgados por los delitos de desobediencia y prevaricación pero no de malversación de fondos públicos, por lo que en caso de ser condenados no tendrán penas de prisión aunque sí de inhabilitación para cargo publico.