La CUP permitirá a Puigdemont tramitar las cuentas de Cataluña

A diferencia de lo que ocurrió en junio pasado, en esta ocasión la CUP no presentará enmienda a la totalidad y los presupuestos podrán seguir su curso parlamentario. Eso sí, de entrada la formación anticapitalista no se compromete a aprobarlos y se remite a una futura negociación, en la que Puigdemont deberá volver a ceder ante los anticapitalistas, que exigen una triple erre: ruptura, redistribución de la riqueza y reversión de los recortes. «El sí a la tramitación, no es un sí a los presupuestos», afirmaron los antisistema, que en esta ocasión decidieron desencallar la legislatura por una amplia mayoría, lejos de los siniestros empates de hace un año para la investidura de Artur Mas.

Lo que ha cambiado en esta ocasión respecto a junio, cuando la CUP tumbó a la primera las cuentas que elaboró el consejero Oriol Junqueras, es el compromiso adquirido por Puigdemont en la pasada moción de confianza de que en septiembre de 2017 habrá «referéndum o referéndum», es decir, que convocará una consulta sobre la independencia digan lo que digan el Gobierno central y el Constitucional.

El referéndum, que los secesionistas quieren que sea vinculante, no como el del 9-N de 2014, será la herramienta que permitirá romper los límites de la legalidad española, afirmó ayer la diputada Eulàlia Reguant. Es la única baza que tiene Puigdemont para que la CUP acabe avalando sus cuentas, la amenaza de que si no lo hacen no se podrá culminar el proceso y además habrá elecciones anticipadas, con el riesgo de que el independentismo pierda la mayoría absoluta que tiene en la actualidad.

También contribuyó a que el consejo político de la CUP diera luz verde a la tramitación de los presupuestos el hecho de que la Generalitat se haya comprometido a incluir una partida para el referéndum y un paquete de medidas fiscales -eliminación del tramo autonómico de la deducción por vivienda a las clases medias, impuesto medioambiental y tasa a las bebidas azucaradas- que incrementa en 180 millones los ingresos del Gobierno autonómico.