La Rioja

El juez de los ERE dicta apertura de juicio oral para Chaves y Griñán

  • Impone una fianza de 4,2 millones de euros por responsabilidad civil al antecesor de Díaz en la presidencia de la Junta de Andalucía

La Audiencia de Sevilla debe fijar ya la fecha para sentar en el banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos de la administración regional por el caso de los ERE fraudulentos, uno de los mayores escándalos de corrupción en la comunidad. El juzgado de instrucción 6 de Sevilla dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra ellos por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita. Además, fijó una indemnización por responsabilidad civil de 4,2 millones para Griñan y 6,2 millones para el exconsejero de Empleo y exsenador José Antonio Viera. Si en el plazo de un mes no las pagaran, decretará el embargo de sus bienes.

El expresidente Griñán se enfrenta a una petición de cárcel de seis años solicitada por la fiscalía por los delitos de prevaricación y malversación, mientras que para Chaves se solicitan 10 años de inhabilitación por prevaricación. Sin embargo, la acusación popular que ejerce el PP reclama también dos años de cárcel para éste al sumar el delito de asociación ilícita. La Junta de Andalucía, por su parte, solicita el archivo de la pieza al negar la existencia de una «trama criminal» para la concesión de los fondos y la existencia de una red clientelar como beneficiaria de los mismos.

El juicio de la denominada pieza política, que se celebrará previsiblemente después del verano de 2017, supone el cuestionamiento de toda una forma de hacer política en Andalucía. De hecho, en el auto que supuso el cierre de la instrucción, el juez considera que la actuación de los expresidentes se llevó a cabo con «conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular, así como que los mecanismos que se empleaban para dotar de fondos» al ente autónomo que ejercía como pagador de las ayudas y subvenciones «eran también irregulares».

En este sentido, apuntala la tesis de que existió una decisión previa en la cúpula de la administración regional. El juez sostiene que «mediante un concierto expreso o tácito» se dictaron una pluralidad de resoluciones «contrarias a derecho del modo más grosero» y en abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones, y a los procedimientos de presupuestación. Y afirma que la única explicación para ello era la voluntad de eludir controles.

Supervisión

Si bien la inclusión de intrusos y la discrecionalidad a la hora de dar ayudas sociolaborales pone en tela de juicio la actuación de la Consejería de Empleo, en la parte política de la trama se apunta directamente a la Consejería de Economía y Hacienda, de ahí la implicación de Griñán y su sucesora al frente de este área, Carmen Martinez Aguayo, por aprobar las modificaciones presupuestarias con las que se aumentaba la partida .

Así, el auto pone en duda no sólo la forma de nutrir el denominado 'fondo de reptiles' por el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, sino también «la forma de gastar estos fondos», que han sido cifrados por Anticorrupción en 741 millones de euros, donde se detectó. «Se postergó el servicio de los intereses generales en favor de los terceros, con total oposición a la ley y al derecho y con una total falta de objetividad en el cumplimiento de sus fines», subraya.

Para el juez, con esa ausencia de la fiscalización y de la debida convocatoria pública, «se pusieron en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento, vedando el acceso a la generalidad de los potenciales beneficiarios». Además, considera que se facilitó que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas resultaran beneficiadas. Es decir, que se dio a los fondos una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial.