La Rioja

El Constitucional avala la reforma que le permite castigar a los altos cargos desobedientes

Madrid. Por ocho votos a tres y con una discusión intensa, el Constitucional avaló ayer la reforma aprobada en otoño 2015 por el Congreso con los únicos votos del PP para forzar a que fuera el propio tribunal el que se encargue de castigar (y con más dureza) a las instituciones o autoridades públicas que desobedezcan sus resoluciones. Los magistrados sabían que las consecuencias de su decisión serán inmediatas ya que el 25 de octubre la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, se convirtió en el primer alto cargo investigado en una causa judicial porque el Constitucional, gracias a la reforma, pidió a la Fiscalía que le acusara de desobediencia y prevaricación por ignorar los avisos para que frenara el plan de desconexión con España.

La sentencia fue obra del magistrado conservador Pedro González-Trevijano, después de que la vicepresidenta del tribunal, Adela Asúa, crítica con la reforma, se echara a un lado al no contar con el respaldo de la mayoría. La resolución rechaza un recurso del Gobierno vasco y hace presagiar que, casi en idénticos términos, la corte no acogerá los argumentos del Ejecutivo catalán, que también recurrió la reforma.

Ambos recursos se centraban en el artículo 92, modificado para dar poder coercitivo a la corte después de que el Gobierno catalán desoyera la prohibición de celebrar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Ese artículo pone a disposición del tribunal diversa artillería para actuar contra «las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal»: multas de hasta 30.000 euros; suspensión a los contumaces de sus funciones; requerir al Gobierno «colaboración» para ejecutar sus decisiones; o, incluso, recurrir a la vía penal con ayuda de la Fiscalía.