La Audiencia Nacional se queda con la agresión de Alsasua por considerarla terrorismo

«Graves hechos»

«Se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública», insiste Lamela en sintonía con la Fiscalía.

Como primer paso para quedarse efectivamente con el caso, Lamela reclama a su colega navarra, la jueza navarra María Paz Benito, que le envíe el «testimonio íntegro» de las diligencias previas que abrió tras la agresión y que ya incluyen la declaración como investigados de dos de los supuestos participantes en los hechos. Precisamente ayer otros seis presuntos agresores identificados en los informes de la Guardia Civil se presentaron voluntariamente en el juzgado de Benito para declarar, aunque no pudieron cumplir su objetivo ya que la juez no se encontraba de guardia.

La instructora del tribunal de la calle Génova también se dirige a la Policía Foral, que deberá remitir «a la mayor brevedad» todas las actuaciones practicadas sobre los sucesos de la madrugada del 15 de octubre.

La magistrada de la Audiencia Nacional, por otro lado, reclama a la Guardia Civil que con «carácter urgente» emita un informe sobre la «campaña de acoso que sufren sus agente en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente en la localidad de Alsasua». Los especialistas del instituto armado igualmente deberán «identificar a las personas que después de la agresión realizaron declaraciones en la concentración que se organizó para desmentir la «versión oficial» y también las que aparecen en esas fotografías, así como a los titulares de la cuenta de Twitter @AltsasukoGA».

Lamela insiste, como hizo el fiscal, en que ve en los sucesos de Alsasua un posible delito de terrorismo del artículo 573 del nuevo Código Penal de 2015 porque el propósito de la paliza era «atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generar una grave alteración para la paz pública». Y, calcando los argumentos del fiscal José Perals, recuerda que ya la Alternativa KAS de la banda terrorista ETA de los 90 fijaba entre sus objetivos el hostigamiento de las fuerzas de seguridad del Estado.