La oposición anticipa una legislatura amarga para Rajoy

En la legislatura de 2011 a 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy no tuvo necesidad de echar mano del veto a las iniciativas de la oposición, su mayoría absoluta se bastaba por sí sola para tumbar cualquier propuesta. Pero los 137 diputados que tiene ahora el PP de los 350 que componen a Cámara son un parapeto insuficiente para el Gobierno, que por primera vez recurrió al artículo 134.6 de la Constitución, que señala que toda proposición que suponga aumento del gasto o disminución de ingresos «requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». También el reglamento del Congreso tiene una disposición equivalente.

El Gobierno cree que su veto frena la tramitación, pero la Mesa del Congreso no lo vio así y dio luz verde a la proposición para la suspensión del calendario de implantación de la Lomce y para la modificación del Estatuto de los Trabajadores para igualar las condiciones laborales del personal subcontratado. Ambas llevan la firma del PSOE. El Gobierno, afirman fuentes populares, no se va a quedar de brazos cruzados y hará valer sus prerrogativas en el control de gastos e ingresos.

El Ejecutivo cuantificó en 615 millones de euros de pérdidas de ingresos por la paralización de la Lomce ya que esta norma está cofinanciada con fondos europeos puesto que uno de sus objetivos, la reducción del abandono educativo temprano, forma parte de la estrategia comunitaria en la materia. En total, las diez iniciativas que el Gobierno pretende frenar, cinco socialistas, una de Ciudadanos y cuatro de gobiernos y parlamentos autonómicos (Murcia, País Vasco, Galicia y Baleares), implicarían un desvío de 5.000 millones de euros, según el escrito enviado a la Mesa del Congreso.

El PP no ha sido un gran usuario de esta herramienta legislativa, a diferencia de los socialistas. José Luis Rodríguez Zapatero vetó 79 iniciativas en sus siete años largos de mandato y Felipe González, 36. A pesar de esta diferencia, el socialista Rafael Simancas no dudó, en un ejercicio de desmemoria, en tachar la reacción gubernamental de «filibusterismo parlamentario».

Aprender a pactar

Podemos y Ciudadanos, menos tremendistas, apuntaron que la respuesta de la Mesa debe enseñar al Gobierno que tiene que «aprender a dialogar y negociar» con la oposición porque ya no tiene mayoría absoluta. Íñigo Errejón apuntó que el Ejecutivo de Rajoy «no empieza con buen pie» la legislatura si su primera respuesta al Congreso es vetar diez propuestas de una tacada. Albert Rivera aconsejó a Rajoy que cambie de mentalidad porque «ya no puede seguir la lógica de la mayoría absoluta» y debe «pactar» con la oposición.

El popular Rafael Hernando admitió que lo que sucedió ayer es un botón de muestra de lo que está por venir. Será, añadió, una «legislatura complicada» porque cuando uno tiene mayoría absoluta «es muy fácil no entenderse» con el resto de los grupos, pero también para la oposición es más sencillo porque puede actuar «sin ningún tipo de responsabilidad». Ha llegado el momento, apuntó, de actuar «con responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas» porque es evidente «la necesidad de dialogar».

Fuentes gubernamentales, pero también de grupos de la oposición, señalaron que si esta va a ser la tónica de la legislatura, las elecciones generales pueden estar a la vuelta de la esquina si el bloqueo se petrifica e impide al Ejecutivo presentar proyectos de ley, aunque también la oposición puede ver que su mayoría en el Congreso es neutralizada por la mayoría absoluta del PP en el Senado, donde las iniciativas legislativas pueden ser congeladas. Entre los socialistas no son pocos los que apuestan por una legislatura breve, el catalán Miquel Iceta augura uno o dos años, si leyes clave, como los Presupuestos, se rechazan.

La realidad puede ser menos dramática porque al PP le basta con pactar con Ciudadanos en la Mesa del Congreso para tener mayoría y controlar la agenda política. Otra cosa serán las votaciones, en las que el respaldo de los de Rivera no sirve si el resto de la oposición se une.