DIEZ MESES SIN PRECEDENTES

Pero no solo los actores de carne y hueso han evidenciado su incapacidad para reciclarse ante la nueva etapa. También la legalidad ha mostrado que tiene las costuras mal rematadas y con agujeros por doquier. La Constitución carece de resortes para solucionar problemas como el fracaso de una investidura, y tampoco cuenta con preceptos que solventen conflictos como el registrado entre el Ejecutivo y el Legislativo a propósito de la fiscalización de las actividades del primero por parte del segundo. La normativa electoral, con sus plazos de hierro y rígidos corsés dispositivos, ha demostrado asimismo ser ineficaz para resolver situaciones de excepción.

Hasta la Corona se ha visto en apuros legales y protocolarios ante una situación inédita que ha restringido buena parte de sus actividades, y ha tenido que recurrir a soluciones buscadas sobre la marcha para salir de los bretes con los que se ha topado en estos diez meses.

Un desaguisado político, legal y constitucional que pone una vez más de manifiesto que el modelo instaurado en 1978 estaba pensado para que la gobernabilidad fuera cosa de dos con el ocasional concurso de los satélites nacionalistas o partidos menores de vida efímera.

Primeras elecciones a cuatro

Dos fuerzas, Podemos y Ciudadanos, irrumpen el 20 de diciembre en el coto parlamentario de PP y PSOE, acostumbrados desde las primeras elecciones de la democracia a ser dueños y señores de la vida legislativa, pero que esta vez sufren un brutal retroceso de sus apoyos en las urnas. La incorporación de las formaciones emergentes ocasionó a su vez la pérdida de peso político de los nacionalistas, tradicionales salvavidas de los dos grandes cuando ninguno obtenía la mayoría absoluta. La nueva composición del Congreso, aunque esperada y anticipada por las encuestas, no se tradujo en la nueva época de diálogo y alianzas que mandató el electorado.

El primero declina

El Rey abrió la preceptiva ronda de contactos con los líderes políticos para designar un candidato a la investidura, como establece la Constitución. Rajoy, líder del partido más votado, dejó con un palmo de narices a todo el mundo, es de suponer que también al jefe del Estado, al rechazar el 22 de enero la invitación de presentarse a su reelección. Una negativa de la que no existen precedentes. Para don Juan Carlos, las entrevistas con los representantes políticos y la investidura eran casi un trámite administrativo más o menos largo en el que nunca hubo sorpresas. El elegido aceptaba el encargo, iba al Congreso, lograba la confianza de la Cámara y gobernaba sin dramas ni sofocos.

El segundo acepta

El socialista Pedro Sánchez vio el cielo abierto con el paso al costado del líder del PP y el 2 de febrero comunica a Felipe VI su disposición a intentar la investidura. Nunca había sucedido que el segundo en votos asumiera esa responsabilidad. La Constitución nada dice al respecto, pero tampoco lo impide. El líder del PSOE reclama un mes para buscar los votos necesarios y el 24 de febrero alcanza un pacto con Ciudadanos al que no logra incorporar a Podemos, única fórmula que los socialistas estaban dispuestos a explorar.

Una derrota anunciada

El entonces secretario general del PSOE, pese a su precaria situación, se presenta el 1 de marzo en el Congreso para pedir su confianza de los diputados. Fracasa en la primera votación y el 4 de marzo tampoco consigue más respaldos que rechazos. Por primera vez un candidato a la investidura no logra su objetivo, una situación que la Carta Magna no prevé más allá de señalar que se «tramitarán sucesivas propuestas». Pero no las hay, y el Rey disuelve las Cortes el 3 de mayo para convocar nuevas elecciones el 26 de junio.

Conflicto institucional

Pese al fracaso de Sánchez la legislatura sigue viva, y entre marzo y abril el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo se convierte en un campo de batalla entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno de Rajoy, en minoría parlamentaria, se niega a someterse al control del Congreso como exige la mayoría opositora. Alega que no puede ser fiscalizado por una Cámara que no le ha otorgado su confianza, pero la oposición argumenta que tiene el deber constitucional de hacerlo. De nuevo, una situación sin antecedentes desde la restauración de la democracia, que el Congreso intenta dirimir con la presentación ante el Tribunal Constitucional de un conflicto de atribuciones. Cuatro meses después la corte de garantías no ha resuelto la controversia.

Vuelta a las urnas

La noche del 26 de junio el resultado de los comicios apenas difiere del registrado el 20 de diciembre, y la escena legislativa vuelve a tener cuatro grandes actores. La única solución política y matemática viable es el acuerdo de los dos principales, pero los socialistas vetan esa posibilidad. El PP, veinte años después del pacto con CiU y PNV que permitió el Gobierno de José María Aznar, alcanza por fin el 28 de agosto un acuerdo con otra fuerza política, Ciudadanos, y firma un documento con 150 medidas para gobernar. Sin embargo, como le ocurrió al PSOE en la anterior legislatura, los números no dan.

Esta vez sí

El Rey ofrece de nuevo al líder del PP la opción de ser investido y Rajoy, esta vez sí, acepta la propuesta a sabiendas de que va al despeñadero. El 31 de agosto se abre el debate y pierde la primera votación. El 3 de septiembre fracasa también en la segunda con 180 votos en contra por 170 a favor. De nuevo retorna el vacío institucional y constitucional, y gana cuerpo el fantasma de las terceras elecciones el 25 de diciembre.

Un voto por Navidad

El pavor de tener que votar el día de Navidad y despertar las iras de millones de ciudadanos contra sus representantes políticos lleva a los partidos a buscar un apaño en la ley electoral para evitar tamaño desatino provocado por las fechas elegidas por Rajoy para la investidura. La reforma pasará su primer trámite este martes en el Congreso y tiene que aprobarse por ambas Cámaras antes de que concluya octubre. Se ha necesitado una situación límite para tocar una normativa esculpida en piedra hace 31 años, un periodo en el que solo ha sufrido cambios menores.

El Rey al ralentí

La Corona, en otro capítulo inédito, se encuentra con su actividad limitada por la interinidad institucional. Felipe VI, pese a no estar en funciones como el Gobierno, ha visto restringida su agenda, sobre todo la internacional (tuvo que cancelar viajes al Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudí). La investidura, que para su padre era un paseo militar, se ha convertido en una losa que ha marcado su segundo año de reinado. Pese a estar en la época de internet y las nuevas tecnologías, el Rey ha querido seguir en primera persona todo el proceso sin apenas ausentarse, sabedor de que el prestigio de la institución estaba a prueba en este envite. Ha hecho lo que nunca antes había hecho un Monarca, disolver las Cortes, convocar elecciones y apremiar dos veces a los líderes políticos a que se pongan de acuerdo.

La implosión socialista

Pero lo que ha batido las marcas de lo nunca visto ha sido la crisis en el PSOE. Pedro Sánchez se ha convertido en el primer líder del partido derrocado por sus pares en una conspiración con tintes palaciegos escenificada en un borrascoso Comité Federal este 1 de octubre. La excusa fue la postura ante la investidura de Rajoy; el trasfondo, el futuro y el modelo de partido. El pulso, lejos de estar ventilado, persiste, y el desenlace ha quedado aplazado a un congreso extraordinario del partido para el que nadie se atreve a hacer pronósticos.