La Rioja

Anticorrupción recurre el permiso penitenciario a Juan Antonio Roca

  • Aduce que al principal condenado de la 'operación Malaya' le quedan por pagar 53 millones de euros

Madrid. La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un recurso de «apelación directa» contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de conceder su primer permiso penitenciario a Juan Antonio Roca, principal condenado de la 'operación Malaya'.

El argumento principal del Ministerio de Público es que el exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, que lleva más de diez años en la cárcel, solo ha pagado ocho de los 61 millones de euros que se le impusieron como responsabilidad civil.

Esa deuda pendiente de 53 millones de euros, entiende la Fiscalía, supone un «riesgo real» de que Roca pueda «quebrantar» la condena y darse a la fuga para no afrontar ese pago ni los nueve años de cárcel que aún le restan.

Roca , quien ingresó en prisión el 29 de marzo de 2006, no ha disfrutado todavía ningún permiso, a pesar de que lo ha solicitado en 18 ocasiones y de que la junta de tratamiento de la cárcel de Alhaurín de la Torre desde 2013 es favorable a ese beneficio penitenciario.

El pasado martes, finalmente, la Audiencia Nacional aceptó concederle el permiso de tres días con varios argumentos: que el condenado ha cumplido ya en «exceso» la mitad de la condena; tiene un «comportamiento excelente y una actitud positiva, respetuosa y de plena consideración tanto respecto al resto de los internos como hacia los trabajadores del centro»; ha comenzado a satisfacer sus responsabilidades civiles; y «ha asumido la actividad delictiva y pedido perdón».

«Es un penado sociable, participativo y tranquilo, independiente y con buenas actitudes hacia el trabajo», llegó a apuntar en su informe el educador de la prisión.

Roca tiene pendiente más de un centenar de procedimientos y está cumpliendo condena firme por los casos Saqueo 1, Minutas, Belmonsa, Urquía y Malaya.

El pasado mayo, la Audiencia de Málaga, con independencia de las condenas de todos estos procesos, fijó en 20 años el máximo de cumplimiento, lo que abrió la posibilidad de que el reo pudiera reclamar con posibilidades de éxito su primer permiso penitenciario al haber cumplido la mitad de su condena.