La Rioja

Badalona desafía al juez, abre el ayuntamiento y destroza el auto judicial

  • Seis ediles desobedecen la resolución por el «golpe de Estado a la soberanía municipal» por no querer celebrar el Día de la Fiesta Nacional

A pequeña escala, el soberanismo escenificó ayer en Badalona un ensayo general de los grandes actos de desobediencia que prevé protagonizar en los próximos meses para tratar de consumar la ruptura con la legalidad española.

En contra de lo que había anunciado, el equipo de gobierno de Badalona desafió una orden judicial que le obligaba a cerrar las dependencias municipales. Finalmente las abrió, destrozó ante las cámaras el auto judicial y atendió a la ciudadanía para intentar que el 12 de octubre fuera casi un día de labor, al menos en lo institucional y de forma simbólica. «No hay nada que celebrar», «no podemos conmemorar un genocidio» o «es una efeméride antidemocrática, fascista y franquista», fueron algunos de los argumentos que esgrimieron los ediles para justificar su presunto desacato.

El caso es que el gobierno municipal -integrado por varias fuerzas como Guanyem Badalona (coalición en la que están la CUP, Podemos y Proceso Constituyente), así como ERC e ICV y el apoyo externo del PSC- dijo el martes que obedecería la orden judicial, que le obligaba a cerrar el ayuntamiento.

El acatamiento sentó mal en los sectores más radicales del independentismo, que aprovecharon las redes para propagar la teoría de que el equipo de gobierno había agachado la cabeza ante la legalidad española. Los miembros de la CUP y de ERC en el ayuntamiento lideraron el cambio de opinión, lo que se tradujo en que, a primera hora de este miércoles, seis concejales se presentaron en el consistorio y consumaron lo que les pedían sus correligionarios más hiperventilados: un acto de desobediencia, que además el tercer teniente de alcalde, José Tellez, convirtió en desafío al juez, ya que rompió el auto judicial ante las decenas de cámaras y el centenar de personas que se agolpaban en la entrada del consistorio.

Los seis ediles entraron en las dependencias municipales y durante la mañana de ayer atendieron a unos 200 ciudadanos. El público no pudo realizar ningún trámite administrativo, pero sí recabar información y cursar alguna queja. Casi era lo de menos, porque lo importante para el equipo de gobierno era enviar la imagen de un ayuntamiento abierto al público. No obstante, el supuesto desacato fue a medias. Y es que diez funcionarios mostraron su intención de ocupar su puesto de trabajo, pero los ediles prefirieron «mantenerlos al margen, porque no podían ofrecerles seguridad jurídica», según señaló Téllez.

Los concejales señalaron que durante todo el día no recibieron ningún requerimiento por parte del juzgado de guardia para que cerraran el consistorio, pero sí confirmaron que hoy tienen cita con el juez, al que le dirán que a su juicio tenían todo el derecho de abrir las oficinas municipales, porque estaban cumpliendo un acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y los sindicatos para dar libertad a los funcionarios y empleados públicos para ir a trabajar.

Cita con el juez

«Si aún queremos creer en un Estado democrático, el juez debería darnos la razón», aseguró José Tellez, quien, junto a Oriol Lladó, el teniente de alcalde, cogieron las riendas del gobierno municipal ante la ausencia de la alcaldesa Dolors Sabater, de viaje en Colombia, donde asistía a una cumbre de administraciones locales. «Ante el golpe de Estado contra la soberanía municipal, hemos decidido entrar para obedecer a tanta gente que nos lo ha pedido», señaló Téllez para defender la posición de su equipo municipal.

En cambio, el exalcalde de la ciudad, actual líder del PP catalán, Xavier García Albiol, reclamó ayer al juez que actúe ante lo que calificó de «jaimitada», «actitud chulesca» y «provocativa» del Gobierno de Badalona. «Si no hay una reacción de la justicia convertiremos este país en una selva», dijo. «Será la justicia la que determinará si estos actos tienen consecuencias», advirtió por su parte la responsable de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

Badalona no fue un caso aislado, aunque fuera la única localidad que tenía una orden expresa. Un auto que subrayó que la libertad de los trabajadores a no hacer fiesta no era tal porque les obligaba a significarse ideológicamente. Además de Badalona, la tercera ciudad de Cataluña por número de habitantes, una cuarentena de ayuntamientos abrieron sus puertas para mostrar su rechazo al 12-O. La mayoría, poblaciones gobernadas por la CUP o ERC, como Sabadell, Berga, Argentona, Celrà o Linyola. El Gobierno catalán también hizo, a su manera, boicot a la Fiesta Nacional y consejeros como Oriol Junqueras, Toni Comín o Meritxell Borràs mantuvieron su agenda con actos oficiales.

A última hora de la tarde de ayer un partido político presentó una denuncia por desobediencia en los juzgados de guardia de Badalona, según el Tribunal Superior de Cataluña. Asimismo, el PSC aseguró que el pacto de investidura está en duda porque se hizo a cambio de neutralidad y el equipo de gobierno se ha posicionado con el independentismo.