La Rioja

Un juez ordena que hoy también sea fiesta en BadalonaPuigdemont denuncia a España ante la ONU por «antidemocrática»

Los ediles de Badalona José Téllez y Oriol Lladó, en la rueda de prensa ofrecida ayer. :: a. garcía / efe
Los ediles de Badalona José Téllez y Oriol Lladó, en la rueda de prensa ofrecida ayer. :: a. garcía / efe
  • El consistorio pretendía abrir sus oficinas al público para no celebrar el «genocidio» de los indígenas americanos

Las puertas del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) no abrirán hoy al público como pretendía el equipo de gobierno. La alcaldesa de la ciudad, la tercera más poblada de Cataluña, había decidido declarar día laborable el 12 de octubre porque consideraba que una localidad que cree en la cultura de la paz no puede celebrar el «genocidio» de indígenas americanos ni una efeméride que a su juicio aún se asocia al franquismo. También argumentó que la fiesta del 12-O no tiene mucho arraigo en la localidad, algo que contrasta con un hecho histórico puesto que los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón de su primer viaje a América en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra, en Badalona.

La intención de Sabater, que gobierna apoyada en una amalgama de fuerzas de izquierdas en las que están Guanyem Badalona (Podemos), Iniciativa y Esquerra, y que cuenta con el apoyo externo de la CUP y el PSC, era que los funcionarios que así lo desearan ocuparan hoy sus puestos de trabajo en el consistorio para atender a los ciudadanos que acudieran a solicitar información, recoger formularios o pedir cita previa. El 10% de la plantilla estaba dispuesta a trabajar. Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Cataluña presentó el lunes un recurso contencioso-administrativo y el juez le ha dado la razón.

Las oficinas municipales, por tanto, deberán permanecer cerradas por orden judicial. El magistrado cree que si permitiera su apertura y autorizara a los empleados ir a su puesto de trabajo podría perjudicar el interés general porque festivos como el 12-O están fijados en el calendario laboral por razones sociales y culturales que podrían ser vulneradas, y además porque entiende que la decisión del equipo de gobierno municipal podría poner en riesgo la libertad ideológica de sus trabajadores.

Sabater, a la que el auto del juez cogió en el avión viajando a Colombia, había amenazado con desobedecer la decisión del juez, pero al final el gobierno municipal acatará la orden. Lo hizo, eso sí, asegurando que los cargos electos del ayuntamiento se concentrarán frente al edificio consistorial y que atenderán las peticiones que les hagan los ciudadanos. El acto se convertirá en una especie de protesta contra lo que el tercer teniente de alcalde, José Téllez, calificó de «golpe de estado a la soberanía local». El sistema judicial, añadió, está «manipulado» por el PP.

Nada que celebrar

Badalona, que hasta hace poco era el gran bastión del PP en Cataluña, que ganó las últimas elecciones, pero entre todas las fuerzas de izquierdas se pusieron de acuerdo para desbancar a los populares, no es un caso aislado, aunque sí es el más significativo. Desde hace tiempo, sobre todo desde que el proceso independentista se puso en marcha en 2012, son unos cuantos los municipios, todos pequeños, que se han rebelado contra el 12-O. La campaña 'Res a celebrar' (nada que celebrar) ha llevado en los últimos años a localidades como Celrà, Vilella Alta, Navàs, Berga, Capellades, Viladamat, Mieres, Verges, Linyola, Torrelameu o Almenar a abrir sus dependencias e incluso a celebrar plenos y hoy volverán a hacerlo porque no hay noticia de que la Delegación del Gobierno de Cataluña haya interpuesto contenciosos administrativos contra ellos.

El 'nada que celebrar' también se dejó sentir en Barcelona. La CUP trató, sin éxito, hace dos semanas que el Ayuntamiento declarara laborable el 12 de octubre. No se conoce a los autores, pero la estatua de Colón apareció este martes pintada en protesta contra la Fiesta Nacional.

El Gobierno catalán anunció ayer que ha enviado una carta a la Organización de Naciones Unidas y al Consejo de Europa, en la que denuncia «el carácter antidemocrático de las instituciones españolas y las vulneraciones de los derechos fundamentales de los catalanes». En la misiva, dirigida a Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y a Nils Muiznieks, comisionado del Consejo de Europa, el Ejecutivo catalán acusa al Estado español de practicar una «persecución judicial contra cargos electos por haber dado apoyo» al proceso soberanista. Carles Puigdemont espera ser recibido por el jefe del Ejecutivo central que logre la investidura la última semana de este mes.