La Rioja

La juez archiva el caso del fraude en los cursos de formación en Andalucía

sevilla. El juzgado de instrucción 6 de Sevilla archivó ayer la pieza sobre el supuesto fraude de los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, que afectaba a 24 ex altos cargos socialistas. La juez María Bolaños entiende que «no se ha constatado la existencia de una red clientelar» y que sólo se habrían producido «posibles irregularidades administrativas».

El archivo se produce tras la petición de la Fiscalía del pasado septiembre, que ya advirtió que con los testimonios y pruebas practicadas no quedaba acreditada la existencia de un delito de prevaricación de los altos cargos investigados, entre los que se encontraban los ocho delegados provinciales de Empleo y exresponsables del Servicio Andaluz de Empleo. Ahora, la juez precisa que «no resulta significativo» que entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas entre 2007 y 2012 haya 39 empresas que tienen algún nexo con el PSOE.

El auto desmonta la tesis de la primera instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, quien insistió en la existencia de una red clientelar vinculada con la trama de los ERE fraudulentos. Bolaños reprocha asimismo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el «error del que se parte», la existencia de «subvenciones no justificadas». «No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están», dice la magistrada, pero «el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación».

Teorías e hipótesis

La juez concluye que «investigar sobre la base de teorías o hipótesis» de las fuerzas de seguridad que «se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica».

La causa de los cursos de formación se destapó en primavera de 2014, cuando desde fuentes policiales se filtró que se investigaba el destino de más de 3.000 millones de euros concedidos en ayudas a la formación para el empleo. Denunciantes particulares destaparon que algunas empresas incumplían los compromisos de contratación, o se falseaban listados de alumnos o asistencia. También salió a la luz que había empresas que se creaban exprofeso para cobrar la ayuda, ya que se pagaba el grueso de la subvención nada más solicitarla y había que justificar la actividad para recibir el resto.