La Fiscalía sostiene que el PP «se benefició» de las actividades corruptas de la red 'Gürtel'

Medida y directa, la fiscal Sabadell tiró de las orejas a su excolega en la Fiscalía Jesús Santos, defensor del PP en este juicio, quien ayer se ausentó de la sala de vistas. Recordó que «se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley» para acusar al partido como persona jurídica y subrayó que «conoce sobradamente de qué se le acusa», por lo que en ningún caso se advierte «indefensión» ni la conculcación de derechos fundamentales.

«(El PP nacional) se vio beneficiado de fondos procedentes de la malversación y el cohecho en más de 245.000 euros, por lo que los grupos municipales (de los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón) no pueden ser responsables», detalló la fiscal, en referencia al intento del abogado popular de endosarle cualquier obligación a estos consistorios, cuyos exalcaldes se enfrentan a importantes penas de prisión por una ristra de delitos.

Para Sabadell, la estrategia no solo del PP sino del grueso de los 37 acusados, que pidieron la nulidad total del procedimiento por la violación de derechos fundamentales en el origen de la causa, «ha tratado de intoxicar (al tribunal) para anular el procedimiento pese a la abrumadora prueba existente». «Intoxicar este trámite revela un ejercicio de derecho de defensa oportunista, desenfocado y muy grave», criticó la fiscal Sabadell.

El tribunal no entró en el fondo de las peticiones de nulidad, tampoco en las particularidades de la defensa del PP, y anunció que dejará su resolución para la sentencia. Con ello, el presidente Ángel Hurtado y sus compañeros Julio de Diego y José Ricardo de Prada prefieren que se desarrolle el juicio y valorar las pruebas que se vaya presentando para tomar una decisión definitiva.

En cualquier caso, es un hecho que la maniobra de la mayoría de las defensas, encabezada por el abogado del 'número dos' de 'Gürtel' Pablo Crespo, para tratar de anular toda la causa ha resultado fallida, ya que el juicio continuará hasta primavera, tal y como estaba programado.

Grabaciones lícitas

Contra estas estrategias de los acusados, la fiscal desmontó sus argumentos como si soplara un castillo de naipes. Afirmó que las grabaciones realizadas por el denunciante, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, también imputado, al cabecilla de 'Gürtel' Francisco Correa, «ni son el origen de la causa ni son nulas ni están manipuladas» y así lo confirmó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recordó.

Asimismo, señaló que la documentación obtenida en el despacho del abogado Luis de Miguel, supuesto arquitecto fiscal de la trama, «fue lícita, con todas las garantías constitucionales». Y añadió que la incautación de la memoria electrónica al contable del grupo Correa, José Luis Izquierdo, en la que aparecieron siglas de receptores de dinero y el funcionamiento de la 'caja B', «también se hizo de forma legal».

Sobre las grabaciones efectuadas en prisión por el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, la fiscal dijo que esas conversaciones ya fueron expurgadas del procedimiento y que la sala de recursos de la Audiencia dio su visto bueno. La defensas pretendían que esa resolución de Garzón, que a la postre acabó costándole la carrera tras ser inhabilitado por prevaricación por el Tribunal Supremo, afectase al resto de la investigación. «Se trata de un uso abusivo y desmedido de la llamada teoría del árbol envenenado (que una prueba inicial obtenida de forma ilegal contamine el resto de indicios hallados)», zanjó Sabadell.

Hoy continúa el juicio con la reproducción de las declaraciones que en su día prestaron dos imputados fallecidos o declarados incapaces, caso del extesorero del PP Álvaro Lapuerta. Después comenzarán las declaraciones. Los primeros serán los acusados que han pactado con la Fiscalía reconocer los hechos a cambio de rebajar su condena y evitar la prisión, los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal del PP en Pozuelo Roberto Fernández.