La Rioja

El PP se suma a Bárcenas y pide la nulidad de todo el 'caso Gürtel'

Bárcenas (al volante) y su esposa, Rosalía Iglesias, llegan ayer a la Audiencia Nacional. :: J. Carlos Hidalgo / efe
Bárcenas (al volante) y su esposa, Rosalía Iglesias, llegan ayer a la Audiencia Nacional. :: J. Carlos Hidalgo / efe
  • Alega que la grabaciones del denunciante son «ilegales», denuncia la competencia de Garzón y hace responsables a los ayuntamientos

La defensa del PP en el macrojuicio del 'caso Gürtel', en el que figura como responsable civil por lucrarse con las actividades de la trama corrupta, reclamó ayer al tribunal de la Audiencia Nacional que declare la nulidad de origen del procedimiento, cuya consecuencia práctica sería la invalidación de todas las actuaciones que incriminan a los 37 acusados en la vista oral.

El abogado del PP, Jesús Santos, a la sazón exfiscal de la Audiencia Nacional, se sumó a las peticiones de nulidad realizadas por las defensas del grueso de los imputados, como el 'número dos' de 'Gürtel', Pablo Crespo, o el extesorero Luis Bárcenas, por la «posible conculcación de derechos fundamentales» en los cinco años y medio de investigación de la causa.

El letrado enumeró la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, es decir, a la competencia inicial del juez Baltasar Garzón para instruir el caso. Continuó denunciando que las escuchas al cabecilla Francisco Correa que activaron la investigación, presentadas por el imputado José Luis Peñas, exconcejal de Hacienda de Majadahonda (Madrid), fueron obtenidas de forma irregular. Y remató recordando que la intervención de las conversación en prisión acordadas por Garzón, que supusieron su inhabilitación tras ser condenado por prevaricación en el Tribunal Supremo, fueron «ilegales, ilícitas y delictivas» y viciaron el procedimiento.

Todos estos argumentos de Santos son un torpedo en la línea de flotación del mensaje de la cúpula del partido que lidera Mariano Rajoy de «respeto máximo» a los tribunales. Primero, porque tanto la competencia inicial de Garzón como las grabaciones presentadas por el denunciante ya fueron avaladas por los jueces. En el caso de las escuchas de Peñas, fueron validadas nada menos que por tres jueces instructores en 'Gürtel' (Pablo Ruz, Antonio Pedreira y José de la Mata), las fiscales anticorrupción y la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

En segundo lugar, porque sitúa la estrategia de defensa del PP en la línea de los principales acusados -todos salvo Correa, que guardó silencio, apuntaron a Garzón, a las grabaciones de Peñas o a las escuchas ilegales- y se distancia de la de Ana Mato. La abogada de la exministra de Sanidad, que tiene la misma condición procesal de responsable civil como partícipe a título lucrativo que el PP, se limitó a pedir al tribunal que a su cliente le ampara la ley para no estar presente en el juicio. Pero no se adhirió a ninguna nulidad.

«Equívocos y ambiguos»

El abogado de los populares abundó que desconoce por qué se les acusa como persona jurídica y tildó los criterios esgrimidos por la Fiscalía y el juez instructor de «equívocos, inadecuados, ambiguos e inconcretos». Anticorrupción reclama al partido 245.492 euros por beneficiarse presuntamente de las actividades de sus exalcaldes en Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato.

«Tenemos enormes dificultades para contrarrestar este relato fáctico de la acusacion porque no tenemos informes, documentación y facturación. Por eso alegamos plena indefensión y excluirnos del procedimiento. Debería ser los grupos municipales (del PP) en Majadahonda y Pozuelo quien ocuparan esta condición, pese a no tener personalidad jurídica propia», defendió Santos ante el tribunal. Es decir, el PP nacional no, pero sí tendrían responsabilidad sus grupos en las dos localidades madrileñas. El tribunal resolverá la petición de los populares el próximo lunes.

Asimismo, en la jornada de ayer las defensas del extesorero de Alianza Popular (1982-1987) Ángel Sanchis Perales y de su hijo, Ángel Sanchis Herrero, pidieron también la nulidad de determinadas actuaciones por motivos diferentes al PP. Justificaron que no reconocen la competencia del tribunal de la Audiencia Nacional porque los hechos por los que se les acusa, un delito de blanqueo de capitales por ocultar presuntamente tres millones de euros de Luis Bárcenas procedentes de Suiza, además de ser inciertos, se produjeron en Argentina.

En el caso del hijo del extesorero, su defensa planteó que la Justicia argentina ya tiene un procedimiento abierto por los mismos hechos, por lo que se tendría que aplicar el principio de 'non bis in idem' (no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos), más si cabe porque la duplicidad procesal tiene lugar a 12.000 kilómetros de distancia, con la consiguiente indefensión que ello provoca a su cliente.