La Rioja

La trama Púnica se cuela hasta la cocina de la Asamblea de Madrid

madrid. Hasta la cocina. Más exactamente la 'trama Púnica' ya hunde sus raíces en los fogones y comedores de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron ayer en el Parlamento regional para reclamar la copia de los contratos de adjudicación del servicio de restauración de la institución a favor de Grupo Cantoblanco Colectividades, la empresa de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE, expresidente de la Confederación Empresarial de Madrid, persona muy cercana a Esperanza Aguirre e imputado en el caso de las 'tarjetas black'.

Según fuentes de la investigación, fue el instructor de la trama Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, el que ordenó la requisitoria a petición de los agentes de la UCO, que tienen sospechas de que la concesión de esa cafetería, que Cantoblanco abandonó en agosto de 2014, pudo estar amañada al menos hasta 2013. El PP tuvo la mayoría absoluta en la Asamblea madrileña hasta 2015.

De acuerdo con estas fuentes, el titular del Juzgado de Instrucción Seis también dio ayer luz verde a que los funcionarios del instituto armado reclamaran documentación sobre otras supuestas concesiones irregulares en la Cámara de Cuentas de Madrid, la Consejería de Economía, el Registro de Fundaciones de la Comunidad y el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

Estos requerimientos son parte de la denominada 'pieza 14' del 'caso Púnica', en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid gracias a las comisiones por contratos amañados. En este apéndice del sumario central de la trama ya están imputados, entre otros, el exgerente de la formación regional Beltrán Gutiérrez y el empresario Javier López Madrid.