La Rioja

La senadora y exalcaldesa Rita Barberá saliendo de su casa el pasado jueves. :: Miguel ángel Polo / efe
La senadora y exalcaldesa Rita Barberá saliendo de su casa el pasado jueves. :: Miguel ángel Polo / efe

Barberá se instala en el Grupo Mixto del Senado con la oposición en pie de guerra

  • El PSOE pide al Supremo personarse en la causa contra la exalcaldesa y busca fórmulas para apartarla de su escaño

El Grupo Mixto del Senado cuenta desde ayer con un escaño más en la última fila del Salón de Plenos para recibir a su nueva compañera, Rita Barberá. Una vez cursada su baja del PP en la Cámara alta, la exalcaldesa de Valencia ha pasado a formar parte de esta agrupación que hasta ahora acogía a 16 parlamentarios de diez partidos distintos y que la próxima semana se reunirá para acordar el reparto de funciones y revisar su organización interna. La llegada, sin embargo, ha puesto en pie de guerra a la oposición, que exige la marcha de la histórica dirigente popular una vez abierta en el Tribunal Supremo la causa contra ella por presunto blanqueo de capitales.

Su continuidad en el Senado, desde luego, no le resultará sencilla. Dentro del propio Grupo Mixto, Compromís avanzaba ayer que se plantará ante cualquier intento de tratar a «la senadora tránsfuga» como una integrante más en situación de igualdad. «Estamos hablando de casos excepcionales que merecen un trato excepcional», denunciaba Carles Mulet poco después de formalizarse la salida de Barberá de las filas populares.

Sus declaraciones plantean un conflicto en la heterogénea agrupación, que en principio, según el senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre, había contemplado asignar a la exalcaldesa un puesto en una comisión así como la portavocía temporal del Grupo Mixto, que rota entre las fuerzas políticas que componen el mismo. De ser así, y de continuar la legislatura, Barberá se encargaría de representar a sus 16 compañeros aproximadamente en mayo de 2017.

«Su incorporación no tiene por qué alterar el acuerdo que es válido para los otros», había defendido Alegre antes de desatarse la tormenta y tras convocar a la exalcaldesa a la reunión conjunta que se celebrará la semana que viene para abordar estas cuestiones. Del mismo modo, recordaba que 'a priori' a Barberá le corresponde «la diecisieteava parte» de los 36.061 euros de asignación mensual del grupo. Es decir, alrededor de 2.121.

Pero en la batalla contra la senadora se llegó a cuestionar ayer que incluso siga cobrando de una institución de la que se ha ausentado en varias ocasiones, como en la constitución de las comisiones parlamentarias el mismo día en el que se conoció que el Tribunal Supremo abría una investigación por un posible delito de blanqueo en el PP del Ayuntamiento de Valencia. Podemos abogó ayer por retirar directamente su asignación. Los representantes de esta formación se agarran al reglamento, que en su artículo 23.2 señala que «el senador que reiteradamente dejare de asistir a las sesiones, sin haber obtenido licencia de la Mesa, podrá ser privado de su asignación, por uno o más meses, a propuesta de la Presidencia y por acuerdo de la Cámara tomado en sesión secreta». «Ya que ha decidido mantener su escaño, que empiece a trabajar», se sumó el portavoz de Esquerra, Santiago Vidal.

El acta

La estrategia de presión responde a la exigencia última de que Barberá entregue su acta, como han pedido también numerosos barones del PP. El partido, sin embargo, ha moderado sus advertencias a la exalcaldesa a medida que la oposición ha elevado el tono de sus críticas. El PSOE llegó a anunciar incluso una batería de actuaciones destinadas a denunciar la continuidad de la senadora en su escaño. En primer lugar, los socialistas solicitaron el pasado lunes al Tribunal Supremo personarse como acusación particular en la causa contra Barberá. Y en el ámbito político, barajan fórmulas para promover su cese en el Senado.

Mientras el Parlamento valenciano reclama una reforma legal para poder revocar los nombramientos de senadores autonómicos, el PSOE defenderá en el primer pleno de la Cámara alta la eliminación de los aforamientos, que dejan en manos del Supremo a los parlamentarios, y estudia la posibilidad de apartar temporalmente a Barberá de su sillón una vez que el alto tribunal pida el suplicatorio para investigar a la exalcaldesa. El apartado 22.6 del reglamento del Senado establece, en cambio, que para que esto sea posible se necesita un auto de procesamiento «firme» y la mayoría absoluta en el hemiciclo.

Los populares lamentaban ayer las diferentes «varas de medir» según los casos. El portavoz del PP en la Cámara alta, José Manuel Barreiro, recordaba que el senador de Bildu, Iñaki Goioaga, sigue en su escaño pese a estar procesado por integración en organización terrorista. En este sentido, tanto Ciudadanos como el PNV coincidieron en una llamada al rigor y la templanza.