La Rioja

Homs denuncia en el Supremo que es víctima de un proceso urdido por el PP

El exconseller Francesc Homs es aplaudido a su llegada al Tribunal Supremo, donde ayer declaró por el 9-N. :: emilio naranjo / efe
El exconseller Francesc Homs es aplaudido a su llegada al Tribunal Supremo, donde ayer declaró por el 9-N. :: emilio naranjo / efe
  • Tacha a la Fiscalía de «brazo armado» de los populares y vaticina que saldrá condenado del proceso por la consulta soberanista del 9-N

Debía haber sido un trámite judicial en un proceso penal pero la declaración de ayer como imputado de Francesc Homs ante el Tribunal Supremo por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 derivó, dentro y fuera de la sala, en un acto político con soflamas en pro de la independencia catalana y duras embestidas verbales contra el sistema judicial, al que el investigado acusó de estar plegado a los designios «obsesivos» del PP y el Gobierno de Mariano Rajoy contra los secesionistas.

El exconsejero de la Presidencia de la Generalitat y actual portavoz del Partit Demòcrata Català, según fuentes presentes en su interrogatorio, no cesó en las proclamas ni siquiera durante su declaración de hora y media ante el instructor del caso, el magistrado Andrés Palomo, con quien, según las propias palabras de Homs, mantuvo un «debate vivo». Un rifirrafe, explicaron estas mismas fuentes, a cuenta del meollo de su imputación por desobediencia, prevaricación y malversación, que no es otro que su negativa a cumplir la resolución del Tribunal Constitucional que prohibía la consulta y que para Palomo era una orden «clara».

El imputado sostuvo con vehemencia que sacar las urnas fue una decisión «legal» porque el Ejecutivo catalán se limitó a cumplir «el mandato del Parlament» y «favorecer el derecho de participación política» de los ciudadanos que le impone «el marco legal». No haberlo hecho, adujo, era imposible porque la prohibición del Constitucional era «tan amplia» que su cumplimiento era inviable. «Prohibían todo lo que se mueve, no podíamos ni respirar; un poco absurdo», apostilló.

Este argumentario fue lo más parecido a una defensa en el plano jurídico. Luego vino la política y surgieron las invectivas cuando el imputado, ya en la sede de Blanquerna, centro cultural catalán en Madrid, dio una rueda de prensa. El ahora diputado en el Congreso dijo que la sentencia en este proceso «está dictada» y va a ser «condenatoria» porque la Fiscalía y los jueces tienen una actitud «gregaria» respecto a las tesis del PP y el Gobierno sobre la independencia de Cataluña.

El punto álgido de Homs fue calificar al Ministerio Público de «brazo armado del Partido Popular», pero hubo más. Habló de un «proceso político» que está «precocinado» en los fogones del PP y en el que el «derecho se utiliza como pretexto». Las instituciones del Estado, abundó, están entregadas al «seguidismo» de las consignas que se lanzan desde la sede popular de la calle Génova de Madrid. «Este no es un juicio para nada jurídico. La conclusión será cualquier cosa menos jurídica. Es un proceso político, una actuación que no se sostiene en derecho, sino en la obsesión de frenar el proceso iniciado en Cataluña», apostilló.

«Hilo gregario»

«Lo se quiere es otra cosa y los argumentos jurídicos importan lo que importan porque lo relevante es seguir el hilo gregario de lo que ha establecido el PP», insistió en castellano y en catalán y siempre con el foco en la Fiscalía General del Estado.

En esa línea recordó que los fiscales catalanes, en primera instancia, no vieron delito en la actuación de ninguno de los responsables de la Generalitat por sacar las urnas en noviembre de 2014, pero que la situación cambió de «cabo a rabo» cuando la Fiscalía General, en una actuación «escandalosa», forzó a abrir la investigación que, finalmente, desembocó en su imputación y en la del expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau.

La prueba de cargo contra el portavoz del Partit Demòcrata Català es una carta fechada el 6 de noviembre de 2014, dos días después de que el Constitucional prohibiera la consulta, en la que él daba luz verde a un organismo de la Generalitat para que informara a la empresaT-Systems, contratada para gestiones técnicas del referéndum, para seguir adelante con la organización del mismo a pesar de la decisión de la corte de garantías.

Ésta y otras pruebas llevaron a la Fiscalía a afirmar que Homs tuvo un papel «consciente e intencionado de indudable trascendencia» para saltarse la orden del Constitucional y que «legitimó la continuación de los trabajos, lo que condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos».