La Rioja

Artur Mas, a un paso del banquillo por desobedecer al Constitucional en el 9-N

Artur Mas cada vez está más cerca de sentarse en el banquillo por haberse saltado supuestamente a la torera la suspensión del Constitucional, cuando decidió continuar adelante con la celebración del simulacro de consulta independentista del 9-N de 2014. En la causa están también imputados por desobediencia y prevaricación el expresidente de la Generalitat, la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. También está siendo investigado Francesc Homs, pero por su condición de diputado en el Congreso y aforado, la causa la instruye el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió ayer desestimar el recurso que las defensas de los tres acusados habían presentado contra la resolución del instructor, que instó a las partes a abrir la fase de juicio oral. El tribunal superior avaló el procesamiento de Mas, Ortega y Rigau, pues entienden que existen indicios de que cometieron los delitos de desobediencia y de prevaricación cuando se pusieron al frente de la organización de la consulta, a pesar de que una providencia del Constitucional la declaraba nula. El auto del juez instructor, Joan Manel Abril, afirmó en junio que los tres miembros del Gobierno conocían desde el 4 de noviembre la resolución del Constitucional que impedía la celebración de la consulta, pero no la acataron.

El tribunal superior replicó además a las defensas que la causa del 9-N no es política. «El procedimiento penal -se aclara en el auto- fue incoado por un presunto delito de desobediencia a una comunicación del Tribunal Constitucional dirigida al presidente de la Generalitat». Los jueces tiraron también desmontaron una de las alegaciones de las defensas, que afirmaba que Mas no incurrió en un delito de desobediencia porque no se le advirtió de las consecuencias de hacer caso omiso al Constitucional. La suspensión de la corte, en opinión de la sala, «era de obligado cumplimiento para su destinatario» y la orden «resultaba clara y comprensible para un ciudadano medio».

«Todos somos 9-N»

El flanco judicial es el clavo al que se agarra el independentismo para mantener viva la presión en la calle. Cuatro días antes de que Homs declare en el Supremo, el secesionismo empezó a movilizarse. El presidente de la Generalitat y el vicepresidente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, arroparon al diputado convergente en el Palau de la Generalitat y arrancaron la campaña que la ANC y Ómnium calificaron como «Todos somos 9-N».

Puigdemont expresó que el Estado de derecho se construye con el ejercicio de la democracia, siendo «leales» a los deseos de la gente y no «judicializando» la política y aseguró que «el anhelo de la ciudadanía está por encima de cualquier consideración».