La Rioja

Rita Barberá, en una de sus recientes comparecencias públicas. :: gustavo grillo / efe
Rita Barberá, en una de sus recientes comparecencias públicas. :: gustavo grillo / efe

El Supremo encausa a Barberá para saber si autorizó el blanqueo en el PP de Valencia

  • La Sala Penal aprecia indicios de «pitufeo» en la financiación del Grupo Municipal y destaca la «relación» de la senadora con la principal acusada

El Tribunal Supremo ensombreció ayer en una resolución de solo ocho páginas los 33 años de carrera política de Rita Barberá, una figura clave en la larga época dorada del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y también nacional. Como era de esperar, la Sala Segunda (de lo Penal) del alto tribunal abrió una causa penal a la exalcaldesa de Valencia (1991-2015) y actual senadora para investigar si cometió un delito de blanqueo de capitales en el 'caso Imelsa', una trama de corrupción que afecta a diferentes administraciones locales y que tras las revelación de un 'arrepentido' acabó por salpicar al Grupo Popular en el Ayuntamiento valenciano, presidido por Barberá.

El hecho objetivo de que casi todos los miembros del PP municipal están siendo investigados desde finales de enero por un juzgado de instrucción valenciano -alcanza la cifra de medio centenar de personas- o que la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de delito ya comprometían desde entonces a Barberá. Pero no ha sido hasta ahora, ocho meses después, cuando el tribunal competente para investigarla por su condición de aforada ha resuelto en su contra.

Podría pensarse que el momento no es nada propicio para su partido si se atiende al convulso contexto político. Pero la realidad es que la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Manuel Marchena, ha encausado a la parlamentario antes de que el PP tuviera que tomar una decisión sobre ella no menos importante: si la coloca de nuevo o no en la Diputación Permanente del Senado y le asegura el doble blindaje en caso de que se disuelvan las cámaras. Sea cual sea la solución, con el auto de ayer los responsables populares se cargan de argumentos para frenar las intenciones de la histórica dirigente autonómica de 68 años.

La resolución firmada por Marchena, apoyada por cuatro magistrados más y por la Fiscalía del Supremo, admitió la exposición razonada elevada al alto tribunal el pasado abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Ésta describe indicios contra Barberá en un presunto blanqueo de capitales en el grupo popular municipal cuando ella era alcaldesa. Asimismo, se nombra instructor de la causa por turno de reparto al magistrado Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero.

Dos billetes de 500 euros

El auto del magistrado del alto tribunal relata cómo en el curso de una investigación sobre determinadas irregularidades en la contratación pública en el ámbito de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación Provincial, presidida entonces por el también investigado Alfonso Rus, así como en el de la empresa pública Imelsa y de Ciegsa, dependiente de la Generalitat, se descubrió una conversación telefónica según la cual se habría realizado un donativo mediante transferencia bancaria a una cuenta del grupo popular municipal a cambio de recibir, en efectivo, dos billetes de 500 euros.

En la conversación se hace referencia a la secretaria del grupo popular en el ayuntamiento, María del Carmen García-Fuster, como la persona que habría entregado los billetes, y se citaba a Rita Barberá, pero sin hacer respecto a ella ninguna imputación concreta, según señala el auto del Supremo tomando como referencia las indagaciones realizadas por el juez de Valencia Víctor Gómez.

Realizadas las investigaciones pertinentes, siempre según la exposición razonada del citado magistrado, se pudo comprobar que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del grupo municipal del PP se habrían realizado determinadas aportaciones (donaciones) por importe de mil euros de manos de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barberá.

Se comprobó igualmente que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se habían recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, el ingreso de cantidades en metálico o mediante traspaso de otras cuentas, por diez de las personas investigadas. Lo que investiga el juez es si, bajo la cobertura de esas aportaciones de mil euros se oculta el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular, en concreto de García-Fuster, con quien Barberá mantenía «una relación personal de estrecha confianza desde 1991».

También se investigan varios ingresos de 2003, 2010 y 2011 por más de 200.000 euros y si los billetes de 500 que devolvía el partido en efectivo eran para blanquear su supuesta procedencia ilícita. Los investigadores conocen esta mecánica como «pitufeo», el lavado que predomina en las microfinanzas.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora, posiblemente tras citar a la propia Barberá, que comparecerá como investigada pero voluntariamente, si pide el suplicatorio al Senado para proseguir el proceso contra ella o si archiva el asunto.