La Rioja

Ocho de cada diez cargos públicos demandan un canal de denuncias contra la corrupción

Momento de la detención del sospechoso de abusos sexuales, en su domicilio de Alicante. :: efe
Momento de la detención del sospechoso de abusos sexuales, en su domicilio de Alicante. :: efe
  • El 45% reconoce, sin embargo, que ese sistema de prevención no existe en su organismo o administración

La operación Taula, 'Gürtel', los ERE en Andalucía, el 'caso Pujol' y muchos otros escándalos han aparecido vinculados a la denuncia de algún implicado o afectado por esas supuestas irregularidades. Aunque la corrupción es el segundo mayor problema para los españoles -por detrás del paro-, no existen controles suficientes para detectar esta lacra en los distintos organismos públicos, ya sean ayuntamientos, comunidades autónomas o del Estado.

Un 35% de los responsables públicos asegura que en su organización no existen suficientes mecanismos de control que ayuden a prevenir, detectar o dar respuesta a situaciones irregulares o ilícitas frente a un 62% que considera que sí existen, según el informe 'El camino hacia la transparencia y el buen gobierno en las Administraciones Públicas' elaborado por KPMG mediante cuestionario a miembros del Gobierno central y de los ejecutivos autonómicos y locales.

No obstante, al descender al detalle de cuáles son esos controles, la mayoría corresponden a la existencia de un departamento de control interno (63%), un código de conducta o de buen gobierno (53%) y al compromiso de la alta dirección contra el fraude (50%). Por el contrario, carecen en general de un presupuesto antifraude o de políticas específicas implantadas para combatirlo. En el informe destaca que casi uno de cada dos miembros de los diferentes gobiernos admite que en su organización no existe un canal de denuncias, aunque casi el 80% lo considera muy útil o bastante útil para mejorar el control interno. El canal de denuncias se ha revelado como uno de los instrumentos más eficaces para detectar situaciones irregulares y es una de las herramientas que más importancia está adquiriendo en el sector privado.

Los mayores riesgos para los que existen menos mecanismos de detección en los organismos públicos son, según dicen los encuestados, el uso de información privilegiada, las operaciones realizadas en connivencia, la corrupción, el cohecho, el tráfico de influencias y los conflictos de interés.

¿Se gasta bien?

El jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio decía que la democracia es la gestión de lo público, en público. El pasado mes de diciembre finalizó el periodo de dos años para que las comunidades autónomas y corporaciones locales se adaptaran a las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ahora, todas las comunidades y ayuntamientos publican sus presupuestos, información sobre su gestión y liquidación presupuestaria, pero falta conseguir hacer asequible y entendible a los ciudadanos todo ese caudal de información. Siete de cada diez responsables públicos encuestados afirman que el actual procedimiento de liquidación presupuestaria y rendición de cuentas en España no es el adecuado para que los ciudadanos entiendan cuál ha sido la actividad financiera del sector público. Lo más importante de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno es, precisamente, que los ciudadanos conozcan en qué se gastan los recursos de las administraciones públicas y si ese gasto es eficaz y cumple los objetivos, señala Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España. Para eso son necesarias auditorías de eficiencia y evaluación de políticas públicas. En los últimos años, se ha desarrollado el control interno en las Administraciones Públicas, pero no ha sucedido igual con el externo. No obstante, los escándalos de corrupción están impulsando nuevas iniciativas, como el proyecto para que los ayuntamientos tengan que presentar un plan de control financiero. También los nuevos partidos exigen un mayor control externo de las cuentas públicas, ya sea a través de comisiones de estudio de la deuda o de auditorías a las cuentas públicas.

Las implicaciones de la ley van «más allá de un derecho de los ciudadanos a demandar información pública o el deber de publicidad activa de las administraciones», a juicio de Pérez Serrano. «Las obligaciones son de gran calado e implican una necesaria transformación del sector público en la medida en que afectan de manera directa e incluso personal a los gestores públicos», subraya. Desde publicar sus ingresos y patrimonio hasta la responsabilidad personal que les impone la ley de restituir con su propio patrimonio las cantidades gastadas en determinados casos.