Una juez muy dura con la corrupción cierra el tribunal del 'caso Nóos'

Martín, a diferencia de la marcada tendencia progresista de Yllanes, no pertenece a ninguna asociación judicial, pero sí que tiene la vitola de juez «implacable» con la corrupción. La nueva magistrada del tribunal es conocida en la carrera judicial porque de su puño y letra salió una de las sentencias más duras que se recuerdan en España contra la corrupción política. Martín fue la ponente del denominado 'caso Escala' o 'Colacao', en el que la Audiencia de Palma impuso en julio de 2003 un total 16 años de cárcel al exdirigente del PP y exconsejero balear de Comercio, Industria y Energía Josep Joan Cardona, acusado de asociación ilícita, malversación de caudales, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y falsedad.

Delitos muy similares a los de Urdangarin, si bien el exduque se enfrenta también a tres delitos fiscales. Cardona, como Urdangarin, jamás reconoció su culpa ni trató de llegar a acuerdo alguno con la Fiscalía. Esa sentencia, además, fue confirmada el pasado mayo por el Supremo.

En el juicio de Nóos, sin embargo, Martín no será la ponente, lo será Samantha Romero Adán, quien además fue designada ayer presidenta del tribunal, papel que iba a desempeñar Yllanes, por ser la más antigua en la carrera judicial de las tres integrantes de la sala, que se completa con Eleonor Moyà Rosselló. Como en el caso de Martín, ni Romero ni Moyà tienen adscripción a ninguna asociación judicial.

La unión de las tres en una sala es inédita, por lo que nadie en los juzgados de Palma se atreve a vaticinar cómo conducirán esta larga vista oral que se extenderá hasta el 30 de junio. El perfil de las tres es parecido, pues no suelen intervenir durante las vistas ni erigirse en protagonistas de los juicios.

Según explicaron fuentes del caso, el salto a la política de Yllanes no va a trastocar en principio el calendario de este juicio en el que los 18 imputados se enfrentan a penas de entre dos y 16 años por malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.

Primeras sesiones

La suerte procesal de la infanta Cristina se decidirá en las primeras sesiones. El tribunal tiene intención de interrumpir las sesiones durante el mes de enero para analizar las cuestiones previas planteadas por las partes.

La defensa de la hermana del Rey, en ese trámite procesal previo, va a reclamar que su defendida quede fuera del juicio en aplicación de la denominada 'doctrina Botín', esa según la cual no puede acusarse a nadie por delito fiscal si la perjudicada, en este caso Hacienda, ni la Fiscalía ven delito. A Cristina de Borbón solo le acusa el sindicato Manos Limpias.