La vicepresidenta rebaja el discurso sobre refugiados y riesgo terrorista

Empezó con una advertencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el martes en París: «No podemos descartar la posibilidad de que entre los refugiados haya elementos terroristas», dijo. El componente político de esa advertencia quedó algo diluido por su condición de jefe de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero con el paso de los días fue a más y ayer acabó abriendo una vía de agua en el intento del Gobierno de enmendar su discurso frente a los refugiados, a raíz de la oleada de empatía ciudadana generada por la impactante foto de Aylan Kurdi, el niño sirio ahogado en una playa de Turquía. Una vía que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, trató de taponar a duras penas con un mensaje ambiguo, en el que eludió rectificar al ministro o al aún más tajante vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto.

El dirigente popular, uno de los fichajes de Mariano Rajoy para modernizar la imagen del partido y mejorar su comunicación, llegó a hablar de la infiltración de terroristas entre los desplazados que buscan ser acogidos en Europa no como una sospecha plausible, como había planteado Fernández Díaz en un primer momento, sino como un hecho cierto. «Son personas que un día ponen una bomba en cualquiera de nuestras ciudades y después -esgrimió- alguien va a pedir explicaciones; por supuesto que las pedirán». Su afirmación, que él mismo tachó después de «poco afortunada», obligó unas horas después a Sáenz de Santamaría a terciar sobre el asunto en su habitual comparecencia tras las reunión del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta esquivó la pregunta de si el Ejecutivo dispone de algún dato o indicio claro que haga necesario incidir en ese eventual riesgo y tiró por el camino del medio: «Las personas que salen de Siria y de estos países huyen precisamente del terror y huyen del terrorismo, y nuestra obligación como Estado es proteger la seguridad de los españoles y de los que vienen a vivir entre nosotros, precisamente estos refugiados», adujo en un ejercicio de equilibrismo entre la justificación de lo dicho por sus compañeros y la no estigmatización de las víctimas cuyo «respeto y seguridad», añadió después, ha de garantizar el Estado.

Los paños calientes de Sáenz de Santamaría llegaron después de que la oposición se lanzara a reprochar el carácter «populista» de los comentarios de los dos miembros del partido gubernamental. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acusó al Gobierno de alentar el «discurso del miedo» y de alinearse con las posiciones de los extremistas de la UE. «Rajoy tiene que elegir si está con la derecha de Angela Merkel -dijo en alusión a la plena disposición mostrada por la canciller alemana para acoger refugiados en su país e impulsar una más generosa respuesta de Europa ante esta crisis- o con la ultraderechista Marine Le Pen».

Sin fechas

El Ejecutivo, pero especialmente su número dos, ha tratado en las últimas semanas de reajustar su discurso inicial frente al drama de quienes huyen en masa de Siria e Irak. De su reticencia a aceptar la cuota de algo más de 4.000 refugiados planteada por la Comisión Europea en junio, con argumentos como el elevado índice de paro, ha pasado a la promesa de que dará acogida a los cerca de 15.000 que le han sido asignados ahora más los 2.739 que había admitido asistir hace apenas tres meses; algo en lo que insistió este viernes desde La Moncloa la vicepresidenta, después de una semana de declaraciones confusas.

La cuestión, en todo caso, no se agotará en poco tiempo. Sáenz de Santamaría subrayó que aun se desconocen las fechas en las que empezarán a llegar las personas a las que los países de la UE han acordado dar protección internacional o en qué cantidades lo harán cada vez, pero explicó que el Gobierno trabaja ya en un protocolo que permita ordenar el proceso. También apunto que se reforzarán con más personal las oficinas de Empleo e Interior para poder agilizar los trámites y que existe una plena colaboración con entidades y ONG especializadas. A eso hay que añadir la coordinación con las comunidades autónomas a las que, adelantó, no se obligará a nada.