El PP quiere inhabilitar a Mas tras el 27-S

El PP registró ayer en el Congreso una proposición de ley urgente para modificar la ley del Tribunal Constitucional a fin de que los gobernantes que incumplan sus sentencias sean suspendidos en sus cargos. El partido gubernamental actuó de forma preventiva ante las iniciativas que pueda adoptar Artur Mas tras las elecciones del 27-S, como la declaración unilateral de independencia si la lista soberanista de Juntos por el Sí alcanza la mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña.

«La broma se ha terminado», zanjó el candidato del PP catalán, Xabier García Albiol, para los comicios del 27-S en una sorprendente comparecencia en el Congreso, pese a no ser diputado, acompañado de su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando. El controvertido exalcalde Badalona no se anduvo con rodeos y admitió que la reforma del Constitucional a un mes de las elecciones es un mensaje «muy claro» para los que quieren separar «Cataluña del resto del Estado». Con esta medida, prosiguió, «nadie va a proclamar la independencia de Cataluña».

La reforma que plantea el PP tiene como punto nuclear «la suspensión de sus funciones a las autoridades» en caso de que el Tribunal Constitucional apreciase «el incumplimiento total o parcial» de sus resoluciones por parte de esos gobernantes. Para que se haga efectivo el castigo, la corte «podrá requerir la colaboración del Gobierno» a fin de que adopte «las medidas necesarias» para materializar el correctivo. El Constitucional lo acordará «sin oír a las partes» cuando «concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional». Además eleva las multas para los casos de desobediencia de 3.000 a 30.000 euros; ahora son de 600 a 3.000.

El Gobierno y el PP quieren tener munición legal para responder a las previsibles decisiones soberanistas si los independentistas ganan las elecciones con mayoría suficiente para controlar el Parlamento, eventualidad que el Ejecutivo debe temer que sea probable a tenor de la importante reforma legal que plantea. El Gobierno de Mariano Rajoy llevó con sigilo sus planes porque esta iniciativa legislativa no figuraba en ninguna de las hipótesis de respuesta a los movimientos separatistas. Es más, todos los partidos de la oposición admitieron su ignorancia sobre lo que se cocinaba en los fogones de la Moncloa.

No es la primera vez que un Gobierno del PP pretende establecer sanciones para los gobernantes que se embarquen en desafíos secesionistas. José María Aznar introdujo en 2003 una reforma en el Código Penal para castigar con penas de cárcel a quienes promovieran referendos ilegales. Menester en el que andaba enfrascado por aquellos años el lehendakari Juan José Ibarretxe con su idea del estado libre asociado. El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero derogó los cambios un año después.

Pero Aznar optó por la vía penal, mientras que Rajoy ha escogido el camino de la reforma de la propia ley del Constitucional, que no es un tribunal jurisdiccional con capacidad punitiva. Es una corte de garantías que vela por el cumplimiento de la ley fundamental del sistema democrático.

Cerrar resquicios

El Gobierno se ha inclinado por este procedimiento ante el juego del gato y el ratón en que se convirtió la consulta del 9-N. El Constitucional prohibió el referéndum soberanista que pretendía celebrar el Gobierno de Artur Mas, pero la Generalitat se sacó de la manga un proceso participativo, cuya votación no pudo impedir la corte, aunque la Fiscalía presentó una querella criminal contra Mas y dos de sus consejeras que aún está en fase de instrucción.

Rajoy no quiere dejar ningún resquicio a que el proceso independentista coja vuelo tras el 27-S. De producirse la declaración unilateral de independencia por un Parlamento de Cataluña soberanista, el presidente quiere que sus promotores sepan que si dan ese paso podrán ser inhabilitados para ejercer sus cargos, ya sea el presidente de la Generalitat o del Parlamento autonómico, porque el Constitucional declarará inválida la segregación, y si la resolución no es acatada la corte podrá sancionar a los promotores.

El Gobierno quiere tener todo atado cuanto antes y ha solicitado al Congreso que su proposición se tramite por el procedimiento de urgencia; esto es con lectura única en el pleno sin posibilidad de introducir enmiendas. Los populares pretenden que el 8 de septiembre la Junta de Portavoces de la Cámara incluya en el orden del 15 al 17 la toma en consideración de su iniciativa, y una vez que la mayoría absoluta del PP admita su tramitación, se apruebe en el pleno del 29 de septiembre. Para cuando se constituya en octubre el nuevo Parlamento de Cataluña, el Constitucional contaría con esta nueva herramienta legal.

El Gobierno catalán se indignó ante el movimiento «electoralista y anticonstitucional» del PP. Su portavoz, Neus Munté, utilizó la misma terminología que el candidato García Albiol y sostuvo que «Cataluña no es ninguna broma» como para andar con trucos legales de última hora. «Ante el clamor de la democracia, lo que el Gobierno (de Rajoy) -denunció- pone sobre la mesa es miedo, amenazas y represión».

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría trató de suavizar el crudo lenguaje de su candidato catalán y aseguró que nadie tiene «nada que temer» por la proposición del PP salvo los que incumplan la ley. Rechazó, por lo demás, las acusaciones de electoralismo y afirmó que el Gobierno solo busca «fortalecer» el marco constitucional con una nueva herramienta legal.