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Imputada una directora general de Andalucía por la concesión de la mina de Aznalcóllar

CECILIA CUERDO

Sábado, 1 de agosto 2015, 00:36

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sevilla. La juez que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar ha imputado a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta y otros seis funcionarios, entre ellos una letrada y un interventor de la Consejería de Hacienda, por un delito de prevaricación en el proceso de concesión mediante concurso público. Según señala el auto, la juez quiere comprobar ahora las contradicciones entre las versiones dadas entonces y el interrogatorio realizado a la trabajadora de una empresa pública que supuestamente debía acreditar la solvencia de la empresa ganadora del concurso, el consorcio Minorbis Grupo México.

El auto judicial les cita a declarar a mediados de septiembre, al entender que los testimonios de estas seis personas son «imprescindibles» para aclarar los datos que se han ido incorporando a la causa. Y es que la trabajadora que debía certificar la solvencia económica de Grupo México aseguró en el juzgado que no realizó ningún informe específico sobre la solvencia económica, ni informó de si se cumplían los requisitos. Asimismo, y respecto a los técnicos, la juez pretende conocer la viabilidad de las soluciones ambientales propuestas por la empresa ganadora, ante «las sospechas de contaminación que recoge el informe de la Policía», y concretar aspectos relativos a la inversión propuesta por cada compañía, ya que el informe policial habla de «errores palmarios y evidentes» en la baremación.

Sospechas fundadas

El caso saltó a la luz pública tras la denuncia de la perdedora, Emerita Resources, que hizo públicas sus sospechas de un posible amaño y más tarde resaltó la vinculación laboral de la adjudicataria con un exalto cargo de la Junta de Andalucía. La juez vino a confirmar estas sospechas con un demoledor auto en mayo en el que estimaba que Minorbis «no debía siquiera haber pasado de la primera fase» del concurso. Y detallaba una serie de irregularidades en el cumplimiento del pliego de condiciones, desde la falta de documentación requerida, la no comprobación de su solvencia económica o la escasa mira medioambiental para trabajar en un lugar emblemático por el desastre ocurrido en 1998. Por si fuera poco, Grupo México venía de pagar una indemnización millonaria en el país azteca por un vertido similar al de Aznalcóllar.

Con estos mimbres, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ordenó parar de inmediato el proceso de reapertura de la mina.

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