El Gobierno ordena a la policía aplicar de inmediato la nueva Ley de Seguridad

El Ministerio del Interior envió circulares a las Direcciones Generales de la Policía y la Guardia Civil para que los agentes comiencen a abrir expedientes, y las subsiguientes multas, a los infractores. Pero también, y sobre todo, para evitar que los uniformados puedan cometer abusos en las identificaciones, cacheos o el trato a menores, algunos de los aspectos más novedosos, controvertidos y no demasiado claros de la normativa que entregó en vigor la medianoche del miércoles.

La mayor preocupación de Interior, según admiten fuentes gubernamentales, es que los agentes puedan sobrepasarse en las identificaciones callejeras y en los traslados de sospechosos a dependencias policiales. La instrucción interna que firma el propio secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, es tajante y solo se puede reclamar la documentación para impedir la comisión de un delito o sancionar una infracción. Solo podrán ser llevados a dependencias policiales los que no lleven encima (o no quieran enseñar) su documentación, que por fuerza no tiene que ser el DNI pues valen otros documentos oficiales.

Interior fija en un plazo máximo de seis horas el tiempo que el ciudadano puede ser retenido en dependencias policiales e incluye la obligatoriedad de anotar todas las incidencias en un libro de registro para disuadir a los funcionarios de posibles abusos. En ese libro se detallará el número de carné profesional de los funcionarios, el motivo de la identificación, las diligencias realizadas y las «observaciones» especiales. La ficha se cancelará de oficio a los tres años y al ciudadano retenido se le tendrá que entregar un volante con el número de identificación de los agentes y el motivo de su identificación y traslado.

La Secretaría de Estado, a pesar de las duras críticas del Poder Judicial a que la nueva ley dé luz verde a los cacheos corporales por meras infracciones, insiste en que estos registros ya pueden hacerse, pero advierte que solo cuando existan «indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes» para una investigación.