La Rioja

¿Qué es el caso de los ERE y cuánto dinero se defraudó?

El 'caso de lo ERE' es una madeja de imputados, jueces, dinero y acusados en la que es fácil perderse.

¿Qué es el 'caso de los ERE' fraudulentos de Andalucía? Se trata de una investigación que comenzó en Sevilla en 2011 y que investiga las ayudas de la Junta de Andalucía para evitar conflictos sociolaborales entre 2001 y 2012 y que contaron con una partida de 855 millones de euros, aunque con los compromisos de pago contraídos rondará los 1.271 millones. Hay ayudas sociolaborales o prejubilaciones pagadas por la administración autonómica, que beneficiaron a miles de trabajadores aunque también a 196 'intrusos' que o bien no trabajaron para dichas empresas o no tenían derecho a tales beneficios. También hay ayudas a empresas en crisis concedidas sin publicidad y en ocasiones sin que las hubieran siquiera reclamado. La investigación también analiza las sobrecomisiones, estimadas en 66 millones de euros, que la Junta pagó a los sindicatos, bufetes de abogados y mediadores colaboraron en la tramitación de los expedientes.

¿Quiénes están implicados? La investigación alcanza ya los 272 imputados, desde los 'intrusos' a los responsables de las empresas beneficiarias de las ayudas, de los bufetes de abogados y las mediadoras, así como a dirigentes sindicales. Hay medio centenar de ex altos cargos de la Junta implicados, así como dos expresidentes autonómicos.

¿Cómo comienza el fraude? La juez Alaya entiende que hubo una decisión del Ejecutivo andaluz para conceder el dinero mediante subvenciones excepcionales en vez de hacerlo mediante transferencias de financiación, lo que en la práctica permitía eludir los controles de fiscalización. En 2001 se implantó este sistema para agilizar la concesión de los fondos y apaciguar una época conflictiva. La Consejería de Empleo transfería fondos a organismos autónomos para que estos hicieran el pago de las prejubilaciones o ayudas directas.

¿A cuánto asciende el dinero defraudado? Según la juez, todas las ayudas por 855 millones serían irregulares. Pero la Policía reduce esta cifra a unos 152 millones. Los intrusos se beneficiaron de 12,3 millones, mientras que las empresas recibieron 73,8 millones en ayudas directas irregulares. Se investigan los 66 millones de euros en sobrecomisiones para los mediadores.