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Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, avanza, ayer, la presentación de los recursos. :: efe
El PSOE impugnará ante  el Constitucional la prisión permanente y la 'ley mordaza'

El PSOE impugnará ante el Constitucional la prisión permanente y la 'ley mordaza'

Denuncia que la nueva pena implanta de hecho la cadena perpetua y que la segunda norma solo busca «criminalizar la disidencia» del Gobierno

ALFONSO TORICES

Sábado, 28 de marzo 2015, 00:52

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Los socialistas no esperaron ni 24 horas desde la aprobación por el Congreso, con los únicos votos del PP y el rechazo unánime de la oposición, de la reforma del Código Penal que implanta la prisión permanente revisable y la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', para anunciar que acudirán de inmediato al Tribunal Constitucional. Quieren pedir la nulidad e impedir su entrada en vigor por considerar que incluyen múltiples preceptos que son ilegales y achican la democracia, porque vulneran los derechos fundamentales y lo dispuesto en otros artículos de la Carta Magna.

Los socialistas tienen intención de presentar los recursos de inconstitucionalidad en dos o tres semanas y adelantaron que, en los próximos días, iniciarán contactos con el resto de los grupos de la oposición, que coinciden en que ambas reformas violan múltiples aspectos de la Constitución, para tratar de que las impugnaciones sean corales y lleven la firma de todos los partidos y no solo del PSOE. También darán la oportunidad de incluir sus alegaciones en los escritos a numerosas organizaciones de derechos humanos, asociaciones, ONG e incluso a departamentos de la ONU.

La impugnación es la única medida que la oposición puede utilizar en este momento para intentar frenar unas leyes aprobadas gracias a la mayoría absoluta del PP, pero todo el resto de partidos del arco parlamentario se confabuló durante la tramitación para anular las reformas tras las próximas elecciones generales cuando, gobierne quien gobierne, el actual bloque opositor sumará con alta probabilidad la mayoría.

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, justificó ayer el recurso contra el nuevo Código Penal porque cree que la prisión permanente revisable no es más que un eufemismo legal que esconde la cadena perpetua y viola, en su opinión, la obligación constitucional de que las penas estén enfocadas a la resocialización y la reinserción de los reclusos, entre otros preceptos. Que recupera, en definitiva, una pena desaparecida en España hace casi 100 años, durante la dictadura del general Primo de Rivera.

Reformas «ideológicas»

La nueva figura, aplicable a asesinatos terroristas, de menores o en serie, magnicidas o genocidas, supone un internamiento mínimo de entre 25 y 35 años, que puede convertirse en indefinido si en las revisiones posteriores los expertos consideran que hay dudas sobre la capacidad de reinserción del reo.

El futuro recurso socialista indicará que esta pena máxima viola también el artículo 15 de la Constitución, por ser «inhumana y degradante» para el reo, el 9.3, por incumplir el principio de legalidad con su «imprecisión», y el 10, por vulnerar la dignidad de las personas y otros derechos fundamentales. Además, alegarán que se trata de un ejercicio puramente ideólogico y electoralista, porque en España ya existe para los delitos más graves una condena de entre 30 y 40 años, que puede llevar en el extremo incluso al cumplimiento íntegro (sin permisos o libertad condicional).

De igual forma, indicó que las medidas de la ley de Seguridad Ciudadana violan los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión de los ciudadanos, entre otros principios constitucionales, permiten actuaciones preventivas y arbitrarias de las fuerzas de seguridad, al actuar sin control judicial, y que la finalidad con la que la ha aprobado el Gobierno no es otra que la de «desalentar la protesta y la disidencia legítima de los ciudadanos que se quejan contra las medidas o políticas que adopta el Ejecutivo». Se trata, concluirá el recurso, de un intento de «criminalizar la disidencia».

La denuncia contra la 'ley mordaza' posiblemente también impugnará la legalidad de la disposición en la que se trata de legalizar las 'entregas en caliente' de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, que hasta ahora se realizaban sin una cobertura explícita. Se trata de una disposición no solo cuestionada por los partidos, las ONG y los propios sindicatos de la Guardia Civil sino también por las instituciones europeas y la ONU.

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