La infanta Cristina está «disgustada» por tener que vender Pedralbes

El instructor, además, en el auto de apertura de juicio que dictó el pasado diciembre estableció una fianza por posibles responsabilidades pecuniarias de 13,6 millones para el duque y de 2,7 millones de euros para la infanta Cristina como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales de su cónyuge.

Según fuentes judiciales, Castro, que ayer consultó a las diferentes partes del proceso sobre la petición del matrimonio, está dispuesto a autorizar la venta de la mansión, ya que ello supondría poder recuperar en contante una parte del dinero supuestamente malversado.

Seis millones

Aunque será un parte mínima. De acuerdo con estas mismas fuentes, el acuerdo de preventa de la casa serían unos seis millones de euros de los diez millones que en principio pedían los duques de Palma, y que luego rebajaron sin éxito a ocho. Además, sobre la mansión todavía pesa una deuda importante con La Caixa. El propio Urdangarin confesó ante el juez que el matrimonio debe aún 3,6 millones de euros de los 5,8 que pidió al banco para comprar el palacete de Pedralbes, que luego reformarían por tres millones de euros más.

Con estas cifras, el Juzgado de Instrucción 3 de Palma solo podría ingresar en efectivo por la enajenación de ese inmueble apenas 1,2 millones de euros. A ese dinero cabría sumar el 50% de otras propiedades cuya titularidad comparte con su esposa: tres viviendas, dos garajes y dos trasteros. Unos inmuebles cuya venta tampoco llegará a aproximarse, ni mucho menos, a las cauciones millonarias fijadas por Castro y que la Audiencia Provincial de Palma podría confirmar si el exdeportista es finalmente condenado.

El abogado Miquel Roca insistió en la tristeza de Cristina de Borbón por tener que desprenderse del palacete «porque no deja de ser algo sobre lo que había depositado ilusiones». Roca, no obstante, dijo que es «absolutamente correcto» que el juez Castro quiera supervisar de cerca la venta y saber el dinero que se obtiene.

El otro letrado de la infanta, Jesús Silva, se mostró seguro de que el juez aceptará la petición de Urdangarin «porque hacer líquido un bien inmueble beneficia a la administración de justicia». «Si un patrimonio inmobiliario puede tenerse en billetes, muchísimo mejor», apuntilló Silva, quien aprovechó para criticar el actual sistema de embargos porque «deprecia» los bienes bloqueados.

Por otro lado, Castro informó ayer mediante un auto que la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen ha ingresado en la cuenta del juzgado un aval por valor de 152.000, la cantidad exigida por el juez a la exdirectiva madrileña como responsabilidad civil por su participación en los convenios de colaboración con el Instituto Nóos a cambio de ninguna contraprestación por parte de la fundación sin ánimo de lucro de Urdangarin y Torres.