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Artur Mas, junto a la vicepresidenta Joana Ortega, en una sesión de control al Gobierno en el Parlamento catalán.
El tribunal catalán investigará si Mas y dos consejeras delinquieron el 9-N

El tribunal catalán investigará si Mas y dos consejeras delinquieron el 9-N

Los magistrados fusionan en una sola instrucción siete querellas y 25 denuncias por la presunta desobediencia al veto del Constitucional

CRISTIAN REINO

Martes, 23 de diciembre 2014, 00:24

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará si Artur Mas y dos de sus consejeras delinquieron al celebrar el pasado 9 de noviembre un sucedáneo de consulta soberanista pese a estar suspendida por orden del Tribunal Constitucional. El pleno de la Sala Civil y Penal acordó ayer admitir a trámite, entre otras, la querella interpuesta hace un mes por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por posible desobediencia y otros tres delitos más.

El tribunal admitió también otras seis querellas y 25 denuncias más, presentadas por asociaciones, entidades sociales y ciudadanos en distintos juzgados el mismo 9-N, pero rechazó las que se dirigieron contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert; los miembros de la mesa de la cámara autonómica, Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon; el consejero de Interior, Ramon Espadaler; el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.

El pleno acumuló todas las demandas en un único procedimiento, el más antiguo, el que impulsó Manos Limpias. La instrucción tratará de determinar si Mas y dos de sus colaboradores incurrieron en un delito de desobediencia de la resolución del 4 de noviembre del Constitucional al celebrar la votación y en otros como malversación o prevaricación. El magistrado encargado de la instrucción será Joan Manel Abril, quien recientemente procesó al exdirigente socialista Daniel Fernández por el 'caso Mercurio'.

Las resoluciones con la admisión a trámite no se conocerán hasta el 8 de enero. A partir de entonces, se sabrá qué diligencias de investigación ordena el instructor y si cita a declarar a Mas, Ortega y Rigau, que en ese caso tendrían que acudir al interrogatorio como imputados. Los cuatro delitos que les atribuye la Fiscalía suponen penas de hasta un año de prisión y 18 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

El presidente de la Generalitat, antes de conocer la admisión, aseguró que «no se entiende» que le lleven ante los tribunales por haber puesto las urnas y permitir que la gente votase, pero que respeta «plenamente» las decisiones del tribunal. Desde el Gobierno catalán, sin embargo, creen que se trata de una querella de carácter político y que todas las actuaciones del Ejecutivo catalán el 9-N fueron legales.

«Autoinculpaciones»

La querella contra Mas se presentó el pasado 21 de noviembre rodeada de polémica y entre fuertes divisiones en el Ministerio Público, después de que la Fiscalía Superior de Cataluña se negara inicialmente a registrar la acción judicial por entender que no existían indicios de delito en la actuación de la Generalitat. Al final, la Fiscalía General del Estado ganó el pulso y obligó a rectificar a la de Cataluña que en su demanda atribuye a Mas y a sus dos subordinadas la comisión de cuatro delitos: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.

Acusa al Gobierno catalán de actuar con «arbitrariedad» al incumplir la suspensión ordenada por el Constitucional y de «sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho». Las presiones del Gobierno central para que se registrase la querella fueron tan fuertes que el jueves, después de semanas de tensión, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, decidió dimitir entre otras razones por este asunto.

Los partidos y colectivos soberanistas salieron en apoyo de los demandados nada más conocer la decisión del tribunal catalán. CiU, a través de Josep Antoni Duran Lleida, señaló que respeta aunque no comparte la decisión del tribunal. Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, aseguró que «si atacan al Gobierno catalán nos atacan a todos». La Asamblea Nacional Catalana, por su parte, puso en marcha una campaña de «autoinculpaciones». El objetivo de la iniciativa, además de mostrar la «solidaridad» con los representantes políticos querellados, es el de manifestar la «falta de garantías democráticas» del Estado español. La Asamblea hizo un llamamiento a la ciudadanía a rellenar un documento en el que cada persona admita haber participado en la consulta de manera voluntaria para entregarlo en el juzgado de guardia.

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