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El Gobierno no torpedeará la excarcelación de etarras si el Supremo avala la decisión

Rajoy defiende el derecho de los miembros del Ejecutivo a mostrar su desacuerdo con las liberaciones

RAMÓN GORRIARÁN

Jueves, 18 de diciembre 2014, 00:58

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El Gobierno, como hizo con la demolición de la 'doctrina Parot', no pondrá impedimentos a la excarcelación de presos de ETA si el Tribunal Supremo avala el 13 de enero que se contabilice como pena cumplida los años que pasaron en prisión en Francia. Gustará «más o menos», pero se acatará, anunció Mariano Rajoy ante el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado de Amaiur Iker Urbina.

El presidente del Gobierno se revolvió ayer contra las acusaciones de la izquierda abertzale, pero también contra las insinuaciones del Gobierno vasco y del PNV, sobre las supuestas presiones a los magistrados del Supremo para que hicieran una interpretación restrictiva de la trasposición de la directiva comunitaria que abre la puerta a contabilizar como condena cumplida los años en prisión en otro estado de la Unión Europea. De esa forma, como hizo la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se pospondría la excarcelación de presos de ETA hasta que cumplan toda la pena impuesta en España. La sección primera resolvió lo contrario y permitió la puesta en libertad de 'Santi Potros', y Joseba Plazaola.

Rajoy aseguró que el Gobierno «respeta y defiende» la independencia judicial y la separación de poderes de los regímenes democráticos porque «cree» en el estado de derecho. En consecuencia, subrayó, «acatará» lo que resuelva el Tribunal Supremo «le guste o no le guste».

'Doctrina Parot'

Fuentes gubernamentales explicaron que la posición del Ejecutivo será la misma que tuvo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos echó por tierra en octubre del año pasado la 'doctrina Parot' y permitió la excarcelación de medio centenar de presos de ETA. El Gobierno mostró su disconformidad con la decisión, pero no puso trabas. Ahora será igual, según estas fuentes, respecto al grupo de unos 50 presos que acreditan años de prisión en Francia.

El Gobierno es contrario a las puestas en libertad de estos miembros de la organización terrorista y así lo han dejado claro la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá. La número dos Ejecutivo señaló que así como los ciudadanos «no entienden» las excarcelaciones, «nosotros, tampoco». El Ejecutivo apoyó además el recurso de la Fiscalía ante el Supremo contra las puestas en libertad de 'Santi Potros' y Plazaola.

Una beligerancia que causó malestar entre los magistrados del Supremo, y al menos varios de ellos interpretaron que el Gobierno trataba de presionar su veredicto. En ese enfado hay que buscar una de las razones de que la Sala de lo Penal en vez de resolver el asunto este miércoles, como anhelaba el Gobierno, lo aplazara hasta el 13 de enero con argumentos tan poco sustantivos como la petición a las partes su criterio sobre la trasposición de la normativa europea. El debate, de todos modos, mostró un tribunal dividido, con ajustado equilibrio de fuerzas entre los magistrados y la decisión, ni mucho menos, será unánime.

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