Donaciones restringidas y tope a la instrucción

El bloque de la financiación recoge desde el inicio la prohibición de todas las donaciones de empresas u organismos, medida que no afecta a sus fundaciones, y de condonación de créditos o de autorización de condiciones mejores que las del mercado por parte de los bancos. De igual manera, todos los partidos tendrán obligación de publicar anualmente el detalle de sus cuentas y préstamos, se endurecen los controles sobre el tesorero y se amplían las competencias del Tribunal de Cuentas y sus capacidades indagatorias. Los partidos estarán obligados a suspender de militancia a quien se le abra juicio oral por corrupción y a expulsar a los condenados por delitos dolosos.

Otra de las novedades es que quien vaya a ser nombrado alto cargo de la administración deberá acreditar que no tiene deudas con el fisco. La medida está en el nuevo estatuto del alto cargo, que establece también que deberá estar libre de antecedentes penales por delitos como terrorismo, hacer una declaración completa de actividades y bienes en el nombramiento y el cese para indagar un posible enriquecimiento ilícito y sus incompatibilidades, carecerá además de tarjeta bancaria y tendrá sus gastos de representación vigilados, y todos sus ingresos serán públicos.

Una tercera novedad se da en la reforma del Código Penal, que aumentará el plazo de prescripción de los delitos graves vinculados a la corrupción hasta 15 años. Los cambios introducirán el delito de financiación ilegal de partidos y endurecerán las penas de inhabilitación en otros, como la malversación, la prevariación, el cohecho o el tráfico de influencias.

La cuarta novedad se da en el bloque que pretende agilizar los procediminetos penales, evitando los macroprocesos, facilitando la recuperación del botín del corrupto y poniento un plazo máximo a la instrucción judicial. El ministro de Justicia deberá enviar un informe y comparecer cada seis meses en el Congreso para explicar la concesión y denegación de indultos.

Las reformas, que también refuerzan juzgados, la Fiscalía y la Agencia Tributaria y revisan la contratación pública, olvidan, sin embargo, la prometida reducción del número de aforados y la limitación del aforamiento. También queda en el aire la posibilidad de que diputados y senadores sean suspendidos en el cargo si se abre contra ellos juicio por corrupción, modificación que, según Mariano Rajoy, solo se abordará si tiene un alto consenso político para su aprobación.