'Púnica' también se ocupaba de buscar apoyos en el PP para aupar a políticos corruptos

Eso fue exactamente lo que ocurrió con el presidente de la Diputación de León, uno de los que ayer ingresó en la cárcel de Soto del Real imputado por negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude. Marcos Martínez, según el juez de la Audiencia Nacional, se puso en manos de la red para que, a cambio de amañar concursos, los 'conseguidores' de Púnica le buscaran respaldos políticos en el partido para seguir en el cargo que ocupaba de manera accidental desde mayo, tras el asesinato a tiros de su predecesora Isabel Carrasco.

Según el juez, Martínez autorizó concursos relacionados con la estación de esquí de San Isidro «en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro», su amigo y uno de los dos empresarios-conseguidores de la trama, que también entró hoy en Soto del Real.

A cambio de ese trato de favor a De Pedro, el sucesor de Carrasco consiguió que el empresario «hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León», cargo que le disputaban varios dirigentes leoneses de su partido. Martínez, no obstante, no solo se corrompió a cambio de que le buscaran apoyos en el PP, la Guardia Civil también le acusa de tener participaciones, a través de De Pedro, en alguna de las empresas que resultaron adjudicatarias de los concursos que él mismo convocaba.

Para el juez y la Guardia Civil, Alejandro de Pedro es la «cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias» que tenía como eje central los «servicios de reputación en internet para autoridades políticas», sobre todo del PP. Gracias a ese trabajo de promoción en la red tenía una amplia agenda de contactos que le servían indistintamente para hacer lobby a favor de los políticos que confiaban en él a fin de progresar en el partido o para que le abrieran las puertas para conseguir contratos en Murcia, León y Madrid.

Según los autos de Velasco, tanto De Pedro, como el otro 'conseguidor' de la trama, el empresario madrileño David Marjaliza, que previsiblemente será interrogado este viernes junto a su amigo íntimo, el exvicepresidente madrileño Francisco Granados, hicieron de esas «redes clientelares» del lobby en el PP y del tráfico de influencias un «un auténtico modus vivendi».

Junto al presidente de la Diputación de León y De Pedro, el magistrado ordenó el ingreso en prisión incondicional del alcalde de Valdemoro, el popular José Carlos Boza, quien, según el magistrado, dio el visto bueno a la adjudicación del contrato multimillonario sobre gestión energética a la multinacional Cofely, la empresa central de la trama corrupta, por valor de 60.839.705 euros este mismo año.

«Continuada»

En su auto, el juez acusó a Bozá de haber favorecido «de manera continuada» a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios «mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y «otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcailidad de la administración a los intereses particualres de ciertos empresarios».

El instructor también encarceló a Pedro García Pérez, directivo de esta multinacional gala que llegó a hacerse en los últimos años con más de 114 millones de euros en contratos públicos supuestamente amañados; y a Ana María Ramírez, mujer de confianza y supuesta testaferro en multitud de empresas del 'conseguidor' Marjaliza.

Eloy Velasco dictó ayer otras ocho prisiones, eso sí eludibles bajo fianza de entre 25.000 y 300.000 euros para: el jefe de gabinete de Boza, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000); el arquitecto municipal de esa misma ciudad, José Luis Navarro (100.000); el administrador de las empresas de Marjaliza, Antonio Serrano (100.000); los empresarios Eduardo de la Peña (50.000) y José Luis Huerta (300.000); y los directivos de Cofely, Didier Maurice (100.000), Constantino Álvarez (100.000) y José Antonio Hernández (100.000).

El juez instructor solo dejó ayer en libertad sin medidas cautelares a Jose Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena.

Comparecencias

Y mientras, por otro lado, a primera hora de la noche de ayer Granados y Marjaliza fueron trasladado ante los jueces de guardia de Majadahonda y Colmenar Viejo, los más cercano a las dependencias donde estaban detenidos, después de que sus esposas presentaran en esas sedes judiciales sendos 'habeas corpus' en los que reclamaron la inmediata puesta en libertad de sus maridos al entender que es ilegal la prorroga de su arresto a manos de la Guardia Civil.

María Nieves Alarcón, mujer del exdirigente del PP, y Adela Cuba, esposa de Marjaliza, tomaron la decisión de personarse en los juzgados después de conocer la intención del magistrado Eloy Velasco de posponer hasta hoy por la mañana el interrogatorio de los dos supuestos cabecillas de la red corrupta 'Púnica'.