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CECILIA CUERDO.
Jueves, 23 de octubre 2014, 00:45
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El juez que investiga el presunto escándalo de financiación ilegal de UGT Andalucía mediante el desvío de fondos públicos para la formación ha tardado menos de dos semanas en aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a los dos secretarios generales de la organización bajo cuyo mandato, supuestamente, se llevaron a cabo las prácticas irregulares para la «defraudación generalizada en las subvenciones». Fuentes judiciales confirmaron que será en noviembre, en fecha aún por concretar, cuando se produzca la declaración de Manuel Pastrana, líder de la organización durante casi 15 años, y su mano derecha y posterior sucesor, Francisco Fernández Sevilla, quien apenas duró ocho meses en el cargo y se vio obligado a dimitir en medio de una cascada de denuncias sobre el uso de fondos públicos de la Junta de Andalucía.
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