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La Generalitat y el Parlament recurrirán la suspensión

C. REINO

Miércoles, 1 de octubre 2014, 00:55

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La batalla judicial que enfrenta al Gobierno central y el catalán por la ley de consultas y el referéndum del 9 de noviembre subirán en los próximos días unos grados con la decisción de la Generalitat y del Parlamento autonómico de presentar alegaciones a la suspensión dictada por el Constitucional de ambas normas.

El Ejecutivo y el Legislativo catalán buscan el levantamiento de la suspensión cautelar de la ley de consultas y el decreto de convocatoria antes de la fecha escogida para celebrar la consulta y así reanudar la campaña institucional y política del referéndum. El Ejecutivo autonómico afirmó que presentará alegaciones contra la anulación del decreto de la convocatoria del referéndum, para lo que tiene un plazo de 20 días marcado por el tribunal. El Gobierno de Mas se personará en un tiempo «récord» y pidió al tribunal que «se pronuncie en el menor tiempo posible», al menos en el mismo tiempo «supersónico» que empleó para reunirse de urgencia el lunes pasado, apuntó el portavoz Francesc Homs.

La Generalitat pretende que el alto tribunal a dictar sentencia sobre el fondo de la ley de consultas y el decreto de convocatoria antes del 9 de noviembre, premura que también desea el Gobierno de Mariano Rajoy. «Queremos pensar -señaló el portavoz- que el Constitucional, el sentido de urgencia, lo mantendrá para todo, porque sino significaría que simplemente está por el interés sólo de una de las partes».

La Cámara catalana a su vez hizo público que recurrirá la suspensión cautelar de la ley de consultas aprobada el pasado 19 de septiembre. Su presidenta, Nuria de Gispert señaló que en cuanto reciba la notificación formal del Constitucional tendrá 15 días para presentar las correspondientes alegaciones.

Los argumentos de la Camara catalana tomarán como base que la ley de consultas es de tipo general y que no es una norma aprobada 'ad hoc' para el 9-N, y que, por tanto, la suspensión podría «afectar al interés general».

El Congreso y el Senado de España no presentarán alegaciones, pero se personarán en la causa.

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