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La juez Mercedes Alaya.
Alaya impone 40,3 millones en fianzas civiles a 24 imputados por los ERE

Alaya impone 40,3 millones en fianzas civiles a 24 imputados por los ERE

La juez fija una fianza civil de 482.790 euros para el presidente de Unicaja, Braulio Medel

Agencias

Martes, 23 de septiembre 2014, 13:02

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La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha impuesto fianzas de responsabilidad civil por valor de 40,3 millones de euros a un total de 24 imputados en la causa, siendo la más alta la fianza de 10,7 millones fijada para el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y destacando igualmente las fianzas civiles de 4.070.633,08 y 482.790 euros fijadas para el exconsejero de Innovación Martín Soler y el presidente de Unicaja, Braulio Medel, respectivamente.

En un auto dictado este pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya impone también fianzas civiles de 3.466.666,67 euros al exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez; de 2.553.600 euros al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; de 1.607.970 euros al exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río, o de 212.800 euros a Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

Por otra parte, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dado un plazo de diez días a la Junta de Andalucía para que le informe, a través de la Guardia Civil, de todos los cursos de formación desde 2002.

En un auto, la juez solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la actuación de la Intervención General de la Junta en los cursos de formación.

La juez pide indagar en las funciones que tuvo intervención en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de las subvenciones de formación.

Además, cita para el 9 de octubre al que fuera responsable del departamento de Formación Profesional de la Junta, Teodoro Montes, para que se ratifique en su declaración judicial.

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