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José Manuel García-Margallo, durante su comparecencia de ayer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.
Margallo dinamita la estrategia cautelosa de Rajoy con Cataluña

Margallo dinamita la estrategia cautelosa de Rajoy con Cataluña

El ministro de Exteriores enfada al Gobierno al apuntar a una suspensión de la autonomía para frenar el referéndum sobre la independencia

PAULA DE LAS HERAS

Miércoles, 17 de septiembre 2014, 00:37

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Con sólo seis palabras el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, hizo saltar ayer por los aires la estrategia de cautela que durante meses y meses había mantenido Mariano Rajoy para evitar caldear aún más el debate catalán. El jefe de la diplomacia española aseguró que el Gobierno utilizará «todos los medios a su alcance» para evitar la consulta sobre la independencia y, entre esos medios, no descartó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, en última instancia, puede llevar a retirar a una comunidad determinadas competencias. Sus palabras desataron el incendio dentro del propio Ejecutivo.

Nadie hasta ahora había ido tan lejos. Es más, el propio Rajoy ha evitado en numerosas ocasiones pronunciarse al respecto, a pesar de que en más de un debate parlamentario la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha tratado de obligarle a ello. El presidente del Gobierno, partidario de dar perfil bajo a cualquier cuestión que resulte espinosa, siempre se ha limitado a afirmar que el referéndum no se celebraría porque es ilegal. E incluso en más de una ocasión se ha mostrado convencido de que sería Mas el que renunciaría a llevarlo a cabo.

Margallo, en cambio, no tuvo ningún problema en pulsar una tecla que despierta muchos recelos incluso en el PP. Y lo hizo en un momento particularmente delicado, con las brasas aún vivas de la Diada más reivindicativa de los últimos años y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haciendo frente a las presiones de Esquerra Republicana para que, en contra de lo que en todo momento ha dado a entender, ignore una eventual suspensión del referéndum por parte del Tribunal Constitucional.

El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, trató en vano de apagar el fuego en solitario unas pocas horas después. Dijo que el Gobierno de Rajoy es garantía de «estabilidad institucional» y que actuará siempre de «manera proporcional y equilibrada». Pero sus palabras sirvieron de poco frente a las de un ministro que no rectificó en ningún momento.

El aluvión de reacciones no se hizo esperar. Mas, obligado a responder con más razón que nunca porque estos días se celebra el debate de política general en el Parlamento de Cataluña, continuó con la escalada de tensión. «No se sorprendan si hay gente en este país que piensa que quizá ha llegado el momento de querer construir de forma diferente», advirtió. Desde Esquerra, el diputado Joan Tardá cuestionó en La Sexta la lógica de Margallo. «Si se cree que va a matar la ilusión es que es muy cínico o muy zoquete», dijo.

También desde el PSOE afearon las palabras del ministro por «inoportunas y fuera de lugar» y llamaron al Gobierno a tratar de construir un clima de consenso y no de confrontación. «Estamos viviendo una crisis de Estado en la que hace falta introducir mesura, sensatez y -reclamó desde Estrasburgo su secretario general, Pedro Sánchez- valentía». Mientras, fuentes del PP admitían su malestar con la posición de Margallo, pero pasaron varias horas hasta que el Ejecutivo se decidió a desautorizarlo.

Precedente preocupante

La rectificación, cargada de contundencia, vino ni más ni menos que del ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz, paradójicamente, desde Washington. «Yo también soy ministro de España y nunca he oído ni discutido nada de suspender la autonomía de Cataluña -dijo tajante-. Nunca». Fernández insistió en que el Gobierno «cumplirá la ley», pero dio a entender que está fuera de cuestión el recurso al artículo 155 de la Constitución, que jamás ha sido empleado desde la aprobación de la Carta Magna y siempre se ha entendido como una solución demasiado extrema, quizá porque el precedente más aproximado que cabe encontrar en la historia reciente es la suspensión de la autonomía catalana en la II República, en 1934.

En realidad, existe un debate jurídico respecto a si el polémico artículo avalaría una medida tan drástica. Lo que dice la Carta Magna es que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». Nada de una suspensión global de la autonomía. Pero en el imaginario político apelar al 155 es como abrir la caja de los truenos.

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