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Rajoy abre la puerta a una reforma de la Constitución para reducir los aforados

Sáenz de Santamaría condiciona cualquier modificación a que se produzca un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas

ANDER AZPIROZ

Sábado, 30 de agosto 2014, 00:25

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El Gobierno está dispuesto a dialogar con los partidos de la oposición de cara a acometer una reforma constitucional que reduzca el número de aforados. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió ayer la puerta a un cambio en la Carta Magna que iguale a España a otros países de su entorno, donde apenas unas decenas de cargos públicos disponen de la prerrogativa de ser procesados por un tribunal superior frente a los más de 17.500 que gozan de este privilegio en el sistema español.

La número dos del Gobierno anunció que el Ejecutivo planteará esta posibilidad en el Congreso a lo largo de septiembre. Esta manifestación va en línea con lo expresado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al periódico 'El País', donde declaró su voluntad de fijar el número de aforados en poco más de una veintena. Esto es, los miembros de la Familia Real, los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y de las comunidades autónomas.

Pese a la voluntad manifestada para que esta propuesta salga adelante, la vicepresidenta advirtió de que esta reducción conlleva una gran «dificultad técnica» dado que habría que actuar en varios frentes. En el caso de los jueces y fiscales -colectivos que suponen la gran mayoría de los aforados- el cambio sólo necesitaría de una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para los parlamentarios, consejeros y presidentes regionales se tendría que aplicar una modificación de los respectivos estatutos de autonomía. El principal problema se da a la hora de quitar este privilegio a los ministros, miembros del Congreso y del Senado. El artículo 71 de la Carta Magna señala que «en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» y no los tribunales ordinarios. El 102 extiende esta perrogativa a los miembros del Consejo de Ministros. De esta forma, si se quiere retirar el aforamiento a los miembros del Gobierno y de las cámaras legislativas debe aprobarse una reforma constitucional para la que es obligatorio reunir una mayoría de tres quintos del Congreso, lo que se traduce en el voto afirmativo de 210 diputados. PP y PSOE pueden acometer el cambio en solitario si bien Sáenz de Santamaría avanzó que cualquier reforma de este calado debe realizarse dentro del más amplio consenso. «El término clave es 'acuerdos'», afirmó la vicepresidenta. La número dos del Ejecutivo añadió que esta iniciativa debe de llevarse a cabo de la mano de las comunidades autónomas, que son las que deben modificar sus estatutos. Pese a estas dificultades, la vicepresidenta manifestó su convicción de que se debe «limitar, acotar y clarificar esta situación porque a lo largo de los años el número de aforado ha ido creciendo».

Buena acogida en el PSOE

El guante lanzado por el Gobierno fue recogido pocas horas después por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que recibió como una buena noticia la voluntad del Ejecutivo para dialogar en torno a este tema. El líder socialista aseguró que su formación prestará apoyo a «todas aquellas medidas que impliquen limpieza, regeneración democrática y reducción de los privilegios que así son percibidos por la sociedad española».

Izquierda Unida no perdió el tiempo y ayer mismo presentó una petición para que comparezca en el Congreso el ministro de Justicia. La formación de Cayo Lara quiere que Ruiz-Gallardón detalle cómo se puede llevar a cabo la reforma y en qué dirección. En cualquier caso, IU criticó que «el Ejecutivo del Partido Popular toma esta iniciativa después de muchos meses de presión social y tras las propuestas realizadas por distintas formaciones políticas para terminar con el actual régimen de aforamiento».

También se manifestó al respecto Rosa Díez, quien valoró de forma positiva el anunció del Ejecutivo. «Echaremos una mano de inmediato al Gobierno para recortar aforados, pero que no olvide que UPyD puso este debate sobre la mesa», dijo. Díez aprovechó para criticar a PP, PSOE, IU y los partidos nacionalistas porque, según ella, la tacharon de «populista, demagoga y antisistema» cuando UPyD propuso esta medida hace un año.

Los aforamientos, especialmente en el caso de los políticos, han sido causa de un amplio debate en los últimos años con motivo de distintos procesos judiciales. A modo de ejemplo, en el Parlamento de la Comunidad Valenciana varios de los diputados del PP se han amparado en su cargo para no responder ante los tribunales ordinarios en investigaciones relacionadas con causas de corrupción. En el lado socialista, el Tribunal Supremo estudia hacerse cargo de una parte del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía en la que, según la juez Mercedes Alaya, podrían estar implicados los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como siete de sus exconsejeros.

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