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El ministro de Justicia, ayer, en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.
Gallardón garantiza que la reforma del aborto se aprobará este verano

Gallardón garantiza que la reforma del aborto se aprobará este verano

Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias piden la retirada de una reforma «cavernaria» que supone un retroceso para los derechos de la mujer

EDURNE MARTÍNEZ

Martes, 22 de julio 2014, 00:23

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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de la ley del aborto antes de que concluya el verano. Aunque Ruiz-Gallardón no concretó la fecha, sí dejó entrever que será a la vuelta de las vacaciones. «Yo creo que estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano, pero el verano termina en septiembre», afirmó el titular de Justicia durante un acto en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuando se aprobó el primer borrador el pasado diciembre, el ministro anunció que el proyecto sería ratificado por el Gobierno antes del verano. Después, se afirmó que sería en julio, pero todo apunta a que no será en ninguno de los dos Consejos de Ministros que restan antes del periodo vacacional. Preguntado sobre la posibilidad de un nuevo aplazamiento en la tramitación de la polémica norma, Ruiz-Gallardón se mantuvo firme en su compromiso. «Para mí el verano acaba exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología (sic), no sé exactamente qué día de septiembre», dijo.

El ministro aseguró que el texto está ya preparado para ser enviado al Consejo de Ministros cuando la Moncloa lo estime oportuno pese a que la vicepresidenta manifestó el pasado viernes que aún se le estaban incorporando algunas de las recomendaciones que propusieron los órganos consultivos del Estado. Ayer varias organizaciones provida hicieron pública su impaciencia para que la norma inicie su tramitación parlamentaria y reemplace así a la vigente ley de plazos aprobada por los socialistas en el 2010. Portavoces de estos grupos lamentaron que el Ejecutivo «se tome a la ligera» la aprobación de su reforma, un proyecto que no apoyan, pero que creen que es un mal menor ante la normativa vigente.

En contra

Entretanto, los responsables de las consejerías de Igualdad de Asturias, Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco exigieron ayer la retirada de la reforma de la ley del aborto en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebró en el Ministerio de Sanidad. Alegaron que se trata de un «paso atrás» en los derechos alcanzados por las mujeres.

Aunque el objetivo de la reunión del Ministerio con los responsables autonómicos era el reparto de 4,3 millones de euros para la atención a las víctimas a la violencia de género, las comunidades contrarias a la ley, ninguna controlada por el PP, aprovecharon la ocasión y anticiparon antes de la reunión que se saltarían el orden del día para pedir la retirada «inmediata» de este proyecto «cavernario» y que supone «un claro retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», como explicó el consejero de Presidencia del Gobierno de Asturias, Guillermo Martínez. La directora del Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida, denunció que la futura ley supone «un retroceso intolerable» en los derechos de las mujeres y «en el ejercicio de su libertad».

Andalucía también mostró su rechazo a la norma y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Silvia Oñate, indicó que la actual ley de plazos para la interrupción del embarazo «es garantista y progresista», mientras que la reforma que plantea el Gobierno «únicamente responde a una demanda ideológica de sectores minoritarios ultraconservadores y no a una demanda social».

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández, lamentó a su vez que el Gobierno se negara a debatir en la Conferencia Sectorial de Igualdad el anteproyecto y destacó que se trata de una norma «retrógrada» y que «desprecia a las mujeres» porque «las que tienen dinero podrán abortar, pero las que no tengan recursos tendrán que hacerlo de forma clandestina».

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