Una rotonda que sigue sin cerrar su círculo

Los expropiados de Lope de Vega 36 y 34 se opusieron a la ocupación de sus fincas en el 2014./Miguel HerrerosGráfico
Los expropiados de Lope de Vega 36 y 34 se opusieron a la ocupación de sus fincas en el 2014. / Miguel Herreros

El TSJR condena a la Administración a elevar el justiprecio por la expropiación de Lope de Vega 36 en el 2014 | Las glorietas de Gustavo Adolfo Bécquer, cuyas obras se ejecutaron hace tres años, siguen dando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento logroñés

Javier Campos
JAVIER CAMPOSLogroño

Tres años después de su ejecución, cuatro desde que se inició un proceso de expropiación que aún colea, las glorietas de Gustavo Adolfo Bécquer con Lope de Vega -y especialmente la de mayor tamaño situada más al sur- siguen sin cerrar su círculo y prosiguen dando trabajo a los servicios jurídicos municipales y suponiendo un quebradero de cabeza para el equipo de Gobierno local.

Un círculo que comenzaba con la licitación de las obras en noviembre del 2013 y que, actualmente, continúa abierto con el auto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) del pasado 26 de octubre en el que las administraciones implicadas -Ayuntamiento de Logroño y Jurado de Expropiación Forzosa- han sido condenadas a recalcular el justiprecio por la expropiación de una de las fincas afectadas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el incidente de ejecución de sentencia presentado por la familia Casero Armas, cuya propiedad de Lope de Vega 36 fue ocupada parcialmente -lo que queda es donde se alza una característica vivienda de madera que hoy se ubica junto a la glorieta-, y ha dispuesto que «debe procederse a determinar nuevamente el justiprecio en el plazo de un mes».

Y lo hace después de que la primera valoración del Jurado de Expropiación, a la que se llegó debido a que la cuantía indemnizatoria calculada por el Ayuntamiento no convenció a los citados expropiados, fuese recurrida por ambas partes. Ya entonces hubo una sentencia que, según la familia Casero Armas, no se ha ejecutado según lo establecido judicialmente y así ha venido a reconocérselo ahora el TSJR.

El proyecto de glorietas en Bécquer con Lope de Vega, para el que se necesitó ocupar terrenos privados por los que aún se pleitea, se mantiene en los tribunales después de su apertura al tráfico en marzo del 2015 y, de momento, costará «algunas decenas de miles de euros más» a las arcas públicas, según reconocía el portavoz municipal, Miguel Sáinz.

«Los expropiados están en su derecho de recurrir y el Ayuntamiento de defenderse, por lo tanto estamos a la espera de que el Jurado de Expropiación eleve la cuantía indemnizatoria», explicaba el edil, quien aclaró que la sentencia inicial reconocía que los recurrentes tenían derecho a partidas indemnizatorias que, finalmente y según la justicia, no fueron cumplidas en la última valoración del citado Jurado, especialmente en lo relativo al valor del propio suelo y a su aprovechamiento -explotación, pues el mismo acogía actividad agropecuria-.

La parte recurrente habla de «interpretación de la sentencia» por parte del Ayuntamiento, y desde el Ayuntamiento se apunta al Jurado de Expropiación Forzosa -órgano de la Administración no dependiente de la local- a la hora de calcular la valoración objeto de disputa. «Lo que queda claro es que las expropiaciones eran necesarias, primero para los accesos al San Pedro y ahora para la 'L' de Maristas, y eso nunca ha sido puesto en entredicho. Ha sido un proceso largo, de años de tribunales pues tanto ésta como otra familia lo recurrían todo, pero la justicia nos ha venido dando la razón», concluía Sáinz, quien precisó que aún queda pendiente la reclamación por responsabilidad patrimonial de los Echavarría Macua -cuya finca, en el 34 de Lope de Vega, ya desapareció-.

«En nuestro caso todavía tenemos dos procedimientos abiertos por el derribo de la casa sin previo aviso y también por el destrozo y saqueo de los bienes de su interior que no eran objeto de la expropiación», precisaban fuentes de esta segunda familia. Al respecto, el TSJR ya falló a favor de las Casero Armas con las obras finalizadas -abril del 2015- y su sentencia aclaraba que el Ayuntamiento de Logroño sí que precisaba de autorización judicial para entrar al número 36. Por ello, la posibilidad de reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración en concepto de daños morales, también en este otro caso, aún sigue abierta.

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