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JAVIER CAMPOS
LOGROÑO.
Sábado, 28 de octubre 2017, 00:14
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No hay malversación de caudales públicos porque la contratación irregular de María Luisa Alonso «obedeció a un error involuntario debido a la inexperiencia de los denunciados en el funcionamiento de la Administración pública del Ayuntamiento». Así concluye el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 de Logroño con el que, apenas 48 horas después de que los concejales de Ciudadanos (Cs) declarasen como investigados por posible malversación, da carpetazo a la causa abierta a raíz de la denuncia de un exmiembro de la junta directiva del partido de Albert Rivera en La Rioja.
La juez acordó con fecha 18 de octubre -ambos habían prestado declaración el 16- el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas contra Julián San Martín y María Luisa Alonso dado que «no se constatan los elementos del tipo penal» de malversación -una apropiación sin ánimo de reintegro, lo que tiñe la acción como esencialmente dolosa- ya que «por parte de los denunciados se procedió a regularizar la situación con devolución del dinero antes de que la cuestión se expusiera en la prensa -mes de abril del 2016-» tal y como prueba diferente documentación aportada.
«No se constata el elemento de dolo que se exige en el presente tipo penal y, ante la posible existencia de un error, no cabe la comisión imprudente de este delito», añade la magistrada respecto a la denuncia de un posible delito de malversación admitida a trámite en febrero de este mismo año. Una denuncia basada en la «supuesta contratación ilegal» de María Luisa Alonso, edil municipal y delegada territorial de Cs en La Rioja, como auxiliar administrativo del partido «siendo retribuida con fondos asignados al grupo, realizando la contratación Julián San Martín, portavoz del mismo» y «vulnerando lo dispuesto en los artículos 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local».
«Llevamos año y medio diciendo lo mismo, era algo evidente: un error administrativo que detectamos y nosotros mismos subsanamos», declaraban ayer ambos. La juez considera clave el testimonio del interventor municipal como testigo, que habla de las explicaciones y la regularización de la situación por parte de Cs -el Ayuntamiento dio traslado de toda la documentación a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas- constatando «que cuando se realizaron las asignaciones a los grupos es cierto que todos tenían dudas y que era algo comprensible al tratarse de un documento jurídico que puede resultar de compleja comprensión».
Los denunciados expusieron en sus declaraciones, según el auto, «que dentro de Ciudadanos detectaron la existencia de diversos criterios a la hora de llevar a cabo las contrataciones y tras una reunión del partido a nivel nacional expusieron sus dudas ante la asesoría jurídica del mismo». «María Luisa Alonso indica que causó baja voluntaria ante las dudas sobre la validez de la contratación en febrero del 2016» y «los denunciados señalan que se comunicó de forma inmediata a la Tesorería General de la Seguridad Social la existencia del error solicitando instrucciones para cambiar la afiliación», además de que el propio partido «comunicó a dicha Tesorería el error administrativo involuntario pidiendo que se indicase la forma de solución» ya en marzo.
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