La juez archiva el caso abierto por presuntas irregularidades en las oposiciones a policía local

Fernández Beneite y Sainz, en una imagen de archivo. :: sonia tercero
Fernández Beneite y Sainz, en una imagen de archivo. :: sonia tercero

El auto concluye que «no aparecen debidamente justificados» los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y custodia de documentos

ÁFRICA AZCONA* AAZCONA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO.

La magistrada del Juzgado de Instrucción nº 2 de Logroño ha acordado en un auto el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta por la demanda que interpuso un policía local de Logroño«por presunta prevaricación administrativa» en las oposiciones de promoción interna celebradas en el 2015 para optar a ocho puestos de oficial. Un asunto en el que fueron citados a declarar como investigados a mediados de julio siete integrantes del tribunal, entre ellos el exdirector general de Interior, Antonio Román Camacho, y el comisario jefe de la Policía Local, Fernando Fernández-Beneite.

No obstante y pese que la causa ha sido archivada sin agotarse siquiera la fase primera con nuevos testimonios citados para septiembre, la magistrada afirma que el procedimiento selectivo «no fue lo suficientemente transparente y dio origen a razonables sospechas de arbitrariedad que la Administración municipal tenía el deber de evitar». La juez, según se detalla en el auto, recabó el expediente completo del proceso de concurso oposición tramitado por el Ayuntamiento de Logroño y la copia del expediente realizado por la Comisión de Investigación creada por los partidos políticos con representación en el Consistorio logroñés.

El demandante, según consta en el auto al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, ligaba las supuestas irregularidades al «deseo de favorecer a determinados opositores por afinidad personal e ideológica en detrimento de otros aspirantes con mayor mérito objetivo». Pero, a través de 14 folios, la juez sostiene que «no aparece debidamente justificada» la perpetración de los delitos de prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, daños informáticos e infidelidad en la custodia de documentos que dieron origen a la causa el pasado mes de marzo. En su argumentación se refiere a que, aunque algunas de las irregularidades denunciadas no tienen entidad en el ámbito penal, sí lo tienen en el administrativo.

Una vez analizadas las diligencias de la instrucción, la magistrada incide en que no hay indicios de preferencia «que permitan apreciar la existencia de un plan orquestado o más o menos hilvanado para aprobar a determinados aspirantes», si bien consta varias «irregularidades» en varios momentos de este concurso oposición. Entre las «irregularidades» detectadas destaca el hecho de que el tribunal no comprobara que uno de los aspirantes al que se acusó de favoritismo no comprobara ni pidiera explicaciones sobre el motivo que le llevó a presentarse con retraso a la prueba de flexibilidad, lo que según la convocatoria habría supuesto «automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el ejercicio». «Ni siquiera se recogió en acta el incidente», dice el auto en tono reprobatorio, si bien aprecia que «esta irregularidad, notable en el ámbito administrativo, no tiene entidad suficiente en el ámbito penal.

Sobre la cuestionada intervención del jefe de la Policía Local en el proceso, se da como probado que éste animara al mismo aspirante, y lo hiciera «con especial vehemencia» en la prueba de esfuerzo, extremo que admitió el propio Fernández Beneite en su declaración, «aunque éste le diera un significado trivial». «Ya fuera por amistad, por preocupación sincera o, según llega a decir el auto, por otro motivo menos confesable», el escrito señala que sus gestos de aliento tras sufrir el aspirante una especie de tirón muscular durante la prueba, constituye «una exteriorización de trato a favor poco pertinente para un miembro del tribunal calificador. Para la magistrada, «este debe ser imparcial y parecerlo», si bien reconoce que esa actuación no trascendió al resultado, ya que el aspirante llegó a la meta por sus propios medios. Sobre la filtración de preguntas en las pruebas tipo test, admite que «es posible que alguno de los miembros del tribunal filtraran preguntas», sin embargo «no hay indicios de que sucediera así».

En cuanto a la teoría que defiende «la conspiración» y la circunstancia de que los cuatro o cinco aspirantes sospechosos de haber sido favorecidos obtuvieran una puntuación muy alta, el escrito asegura que la instrucción «ha permitido constatar que la filtración no puede ser probada». El texto recoge que los investigados «negaron rotundamente» esta conducta ilícita y algunos como el comisario jefe de la Policía Local «ofreció razones de fuerte convicción moral arraigada en su formación militar».

En relación a los casos prácticos, apunta que el tribunal «no reflejó criterios valorativos del caso concreto de cada aspirante ni motivó la puntuación, lo que es extraordinariamente relevante, porque el juicio constituye una expresión de la llamada discrecionalidad técnica». Y, sobre los casos prácticos resueltos por quienes e obtuvieron mayor puntuación en el supuesto 1, «contenían errores de gran trascendencia», según dos subinspectores.

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