El Gobierno local achaca la demora en las licencias a una norma estatal

L. R. LOGROÑO.

El Ayuntamiento de Logroño salía ayer al paso de las críticas de la CPAR al considerar que de casos excepcionales, como los retrasos citados en la tramitación de licencias de obras y apertura de actividades, no puede hacerse norma y, por tanto, no entienden la 'virulencia' del ataque a funcionarios públicos y responsables políticos.

El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, primero; y el propio concejal de Desarrollo Urbano y Promoción Económica, Pedro Sáez Rojo, después; achacaron a una norma estatal y a varias bajas de personal técnico una acumulación de expedientes 'puntual' «de la que los constructores están al corriente».

Respecto a la obra nueva, desde el pasado verano los proyectos deben contar con un informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Aérea, encargado de verificar las normativas urbanísticas de las zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas, caso del término municipal de Logroño -en todo lo relativo a grúas y elementos en altura-.

Algo en lo que se trabaja desde la Administración local, que ayer recordaba que en el 2017 se concedieron hasta 2.994 licencias 'exprés' -frente a las 1.932 del 2012- y lo presentaba como prueba de que el Ayuntamiento «funciona». Ambos califican de «excesiva» la denuncia de los constructores.

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