Gamarra responde a la CPAR que hay una nueva normativa «que también ellos deben cumplir»

CSIF y UGT invitan al secretario general de la asociación a disculparse ante los funcionarios del Ayuntamiento logroñés

LA RIOJA LOGROÑO.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, aseguró ayer que los datos sobre la 'paralización' de licencias de obras que concede el Ayuntamiento criticada por la Asociación de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) «no son ciertos» y, por contra, dijo que se están dando «importantes crecimientos» en las licencias exprés.

«Hay una nueva normativa -indicó Gamarra en referencia al informe de la Agencia Española de Seguridad Aérea para poder montar elementos de construcción en altura, como grúas- que hay que cumplir, ellos también la tienen que cumplir, y nosotros, como Ayuntamiento, tenemos que exigir que se cumpla», sentenció Gamarra, quien sí señaló que «lo que estamos haciendo es trabajar para agilizar el proceso, analizando procesos específicos con la Agencia».

También UGT y CSIF invitaron ayer al secretario general de la CPAR, Juan Ramón Liébana, a que pida disculpas a todos y cada uno de los 800 trabajadores del Ayuntamiento de Logroño. Ambos sindicatos, en sendas notas, se refirieron a las declaraciones efectuadas por Liébana, quien anunció que la CPAR estudia vías legales para denunciar a los funcionarios del Ayuntamiento de Logroño o a sus responsables municipales por responsabilidad patrimonial ante el «mal funcionamiento» de esta Administración.

UGT instó a Liébana a «recapacitar» respecto a «las opiniones gratuitas y desafortunadas referidas a los empleados municipales». También resaltó la «encomiable» labor que desarrollan los trabajadores del Ayuntamiento de Logroño, e insistió en que falta personal y existe una «irregular» organización de los puestos de trabajo. Para UGT, esas declaraciones de la CPAR indican un desconocimiento del funcionamiento interno del Ayuntamiento y «es probable que sea por ello por lo que culpabiliza a quien atiende al ciudadano, el funcionario».

Añadió que la estructura municipal funciona a través de unos criterios, procedimientos y tiempos establecidos a partir de unas directrices que, en el caso del Ayuntamiento, son de origen político. «Es muy fácil utilizar al empleado público como chivo expiatorio cuando el trasfondo de su denuncia -de la CPAR- parece ser única y exclusivamente política», según UGT.

Por su parte, CSIF aseguró que «los funcionarios son meros trabajadores que están sometidos a la gestión organizativa del equipo de Gobierno local» y «si se detectan problemas en dicha gestión, se debe pedir una respuesta a quien ocupa la máxima responsabilidad y no a los trabajadores en general que cumplen escrupulosamente las indicaciones de los mandatarios».

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