Cuatro acusados niegan el uso de tarjetas falsificadas y culpan a otros dos que no asisten al juicio

Cuatro acusados niegan el uso de tarjetas falsificadas y culpan a otros dos que no asisten al juicio

El fiscal y la acusación particular solicitan a los cuatro procesados una pena de seis años de cárcel como presuntos autores de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y continuado de estafa en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial logroñesa

LA RIOJA

Cuatro acusados de utilizar tarjetas de crédito presuntamente falsificadas han negado que las empleasen para pagar en establecimientos comerciales de Logroño, Pamplona y Vitoria y han culpado a otros dos encausados que no han comparecido en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial logroñesa.

El fiscal y la acusación particular -que representa a la sociedad de medios de pago Servired- solicitan a los cuatro procesados una pena de seis años de cárcel como presuntos autores de los delitos de falsificación de tarjetas de crédito y continuado de estafa, mientras que sus defensas piden su absolución.

Según informa Efe, en el juicio, que se prolongará otras dos jornadas, han declarado los cuatro acusados, con domicilio en Navarra, y dos de los policías que realizaron la investigación, iniciada en Logroño porque una de las compras con las tarjetas supuestamente clonadas se realizó en enero de 2011 en un establecimiento de la capital riojana.

El instructor del atestado policial ha constatado que los procesados formaban parte de "una trama", en la que uno de ellos era el "titular" y los otros los "pasadores" de las tarjetas, ya que ellos se encargaban de utilizarlas para adquirir objetos electrónicos que después "daban salida en comercios secundarios para la obtención de dinero líquido".

Con estas tarjetas clonadas intentaron pagar artículos por casi 27.500 euros (de los que se autorizaron 11.343 euros) en tiendas de Logroño, Vitoria y Pamplona, con falsificaciones de tarjetas de Sudáfrica, Arabia Saudí, Australia, Nueva Zelanda y China, entre otros países.

Según ha dicho el inspector de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que realizó la investigación, el "cabecilla de la organización" era E.L.J., un español vecino de Barañain (Navarra) quien ha reconocido que compró un televisor y un ordenador portátil por 2.000 euros a F.J.G.G, por intermediación de de C.A.H.M. (ambos los acusados que no ha comparecido).

Como el portátil no funcionaba, ha detallado E.L.J., pidió a C.A.H.M. -conocido suyo porque arreglaba ordenadores en un local al que él acudía para vender coches de importación- que le devolviera 600 euros, y como no accedió, amenazó con pegar a F.J.G.G. y cree que por ello se originó este proceso judicial.

"Gran error"

En el juicio, E.L.J. ha reconocido que su "gran error" fue comprar la televisión y el portátil y ha agregado que como los otros dos "son colombianos y en su país matan por tirarse un pedo, cogieron miedo" por sus amenazas.

En el registro policial encontraron en el trastero de la vivienda de E.L.J. 23 tarjetas falsificadas, de las que trece estaban a su nombre y el resto al de los otros procesados. Ha justificado que las tarjetas se las dio C.A.H.M. en pago por el portátil averiado pero que él "nunca" las utilizó -con la excepción de pagar una vez el peaje de la autopista en Tudela- ni se quedaba fuera de una tienda mientras otros las usaban, como sostiene el fiscal.

El acusado J.A.F.L., de nacionalidad venezolana, ha explicado que hace unos años pasaba por una mala situación económica y C.A.H.M. le ofreció realizar compras con tarjetas de crédito para fraccionar el pago, que "parecían reales". Ha añadido que firmó un contrato sobre las condiciones pago de esos compras aplazadas de productos tecnológicos de alta gama, pero que C.A.H.M. nunca le proporcionó una copia de ese documento, y ha reconocido que le pareció "algo raro" que no pasaran las cuotas de los pagos por su cuenta bancaria.

Por su parte, D.V.S.M., de nacionalidad brasileña, ha recalcado que no compró nada con las tarjetas y solo conocía a E.L.J. de una pelea por una mujer. Ha indicado que declaró contra este porque la Policía le "presionó" durante más de dos años al conocer que había pagado un casamiento concertado cuando llegó a España.

El último acusado, el colombiano O.E.G.M., ha explicado que acompañó desde Pamplona en su furgoneta a F.J.G.G. -conocido de jugar al fútbol- y a C.A.H.M. hasta un establecimiento de Logroño para transportar una televisión grande, pero él se quedó en el aparcamiento porque tenía una lesión y llevaba muletas.

El inspector de la UDEV, especializado en delitos tecnológicos, ha relatado que la investigación se inició cuando una empleada de una tienda de Logroño detectó que el número de la tarjeta que aparecía en el resguardo de una compra no correspondía con la numeración de esa tarjeta física, por lo que alertó a seguridad. El agente forcejeó con los compradores quienes abandonaron una televisión ya pagada y se marcharon, por lo que revisaron las imágenes de las cámaras de vigilancia y cotejaron si esas personas habían realizado otras compras con esa u otras tarjetas.

Así, identificaron a F.J.G.G. y a C.A.H.M., quien les llevó hasta E.L.J. gracias a unas escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, en las que comprobaron que tomaba muchas precauciones para evitar que le siguieran y llegasen hasta su vivienda.

En el registro de las vivienda de C.A.H.M. encontraron 50 tarjetas en blanco, preparadas para ser "clonadas" después con los nombres de los acusados, quienes, como "legítimos titulares" solo tenían que mostrar su DNI para autorizar las compras.

La Policía Nacional de La Rioja, que trabajó en colaboración con la Jefatura Superior de Navarra, enlazó el nombre de E.L.J. en esta trama porque en su casa aparecieron anotaciones y el nombre de otro implicado en un grupo similar ya desarticulado en Cantabria.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos